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El juez español Eloy Velasco, viagra de la Audiencia Nacional de España, buy viagra ha decidido seguir con la investigación en el juicio que se realiza contra varios ex militares salvadoreños por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, mind cinco de ellos españoles, y sus dos colaboradoras en 1989, bajo la tipificación de “asesinato terrorista” y ya no como crimen de “lesa humanidad”, informaron cables internacionales.
El magistrado Velasco decidió “continuar la instrucción de la presente causa únicamente por las imputaciones de asesinatos terroristas, dejando exclusivamente sin efecto el procesamiento por los cargos de lesa humanidad”, tras verse obligado a retirar dicha acusación por la reforma legal que limitó en España el alcance del concepto de justicia universal.
Según la reciente reforma legislativa española, un juez solo podrá investigar el delito de lesa humanidad cuando los imputados sean españoles o residan en España.
Sin embargo, se mantiene la investigación por “ocho delitos de asesinatos terroristas”, ya que los jueces españoles pueden seguir investigando si “la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos”.
Aspecto que se da “en al menos cinco de las ocho personas asesinadas, que eran españoles en el momento de su asesinato en El Salvador”, según el juez Velasco.
El asesinato de la cúpula jesuita de la UCA, entre los que se encontraba su rector Ignacio Ellacuría, se realizó el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador por un grupo de militares del Batallón Atlacatl.
Por este hecho, la justicia española mantiene procesados a una veintena de militares salvadoreños retirados quienes habrían participado en el asesinato de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, así como el religioso salvadoreño Joaquín López y López, así como su colaboradora Elba Ramos y la hija de ella, Celina Ramos.
No obstante, para continuar con la investigación por los ocho asesinatos, el juez Velasco necesita que el Tribunal Supremo Español determine si el juicio que se celebró en El Salvador por este caso no fue “un mero fraude, una formalidad para aparentar la realización de una justicia que no fue tal”, como cree el propio magistrado o “si, por el contrario, fue un auténtico proceso de enjuiciamiento conforme a los estándares internacionales”.
El juez señala en su auto que los tribunales salvadoreños no hicieron comparecer “ni a los inductores y ordenantes del crimen ni aún a todos sus autores materiales” y que incluso los miembros del jurado recibieron “instrucciones políticas incompatibles con la independencia judicial”.
El principal condenado, Guillermo Alfredo Benavides, quien en el momento del asesinato fungía como director de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, fue indultado un año después de ser condenado a 30 años de cárcel.
Además de Benavides, en 1991 fueron juzgados y encontrados culpables nueve militares, pero en 1993 quedaron en libertad tras promulgarse la Ley de Amnistía que perdonó y dejó en la impunidad todos crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
En mayo de 2102, la Corte Suprema Justicia (CSJ) de El Salvador rechazó la solicitud hecha por la Audiencia Nacional Española para la entrega y enjuiciamiento a 13 de los exmilitares sospechosos de haber participado en el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, los cuales además fueron resguardados y protegidos por una guarnición militar.
