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Washington/PL
Los abuelos, nietos y tíos continúan sujetos hoy al veto de viajes del presidente estadounidense, Donald Trump, después de la negativa de un juez federal a permitir excepciones para esos miembros de la familia.
El 30 de junio entraron en vigor partes de la orden del mandatario que busca frenar por 90 días la entrada a este país de nacionales de Irán, Siria, Libia, Sudán, Yemen y Somalia.
Magistrados de distrito y cortes de apelaciones habían bloqueado totalmente la aplicación de esa medida, pero el mes pasado la Corte Suprema aceptó revisar el caso e implementar mientras tanto la prohibición de viajes de forma parcial.
Según decidió el tribunal, las personas provenientes de esas naciones mayoritariamente musulmanas solo pueden ingresar a territorio norteamericano si prueban tener un vínculo familiar, laboral o de estudios en este país.
En el caso de los nexos familiares, los solicitantes de visa deberán tener un padre, cónyuge, hijo, yerno, nuera o hermano en Estados Unidos para obtener el permiso.
Ante eso, el fiscal de Hawái, Douglas Chin, presentó una demanda en la que sostuvo que en ese estado la familia cercana incluye a muchas más personas que las determinadas por el Gobierno federal, por lo que pidió ampliar las exenciones para incluir a abuelos, nietos, cuñados, tíos, sobrinos y primos.
Pero el juez federal de distrito Derrick Watson rechazó la moción de emergencia que interpuso el territorio insular, en la que solicitaba aclarar lo que quiso decir la Corte Suprema cuando pidió que los interesados en viajar a esta nación tuvieran un vínculo de buena fe.
En un documento emitido anoche el magistrado se rehusó a usurpar el privilegio de la Corte Suprema de interpretar su propia orden y llamó a los demandantes a dirigirse a la principal instancia judicial para esclarecer la cuestión.
Watson fue uno de los jueces que bloqueó a nivel nacional el veto de viajes emitido por el mandatario el 6 de marzo pasado, al considerar que la directriz presidencial violaba la cláusula de establecimiento de la Constitución, la cual prohíbe la discriminación religiosa.
El máximo tribunal estadounidense analizará la puesta en vigor o no de esa orden de forma íntegra a partir de octubre próximo, durante el próximo término judicial de la corte.
La misión del panel de nueve jueces será determinar si la prohibición firmada por el jefe de Estado resulta legal, lo cual supone un fallo importante en torno al alcance del poder presidencial.
