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Por Liliana Samuel/Buenos Aires/AFP
Los intentos del presidente argentino, click Mauricio Macri, and de acabar con la ley antimonopólica de medios audiovisuales se vieron bloqueados por un juez que suspendió la eliminación de los entes que velan por su cumplimiento, en un nuevo round de una dura batalla por la polémica norma.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció el miércoles en rueda de prensa la creación de un Ente Nacional de Telecomunicaciones que «absorve al AFCSA y el AFTIC» (siglas de las agencias de control antimonopólico y tecnológico).
Ambos entes reguladores fueron intervenidos hace una semana con la fuerza policial tras una orden de desalojo de la justicia. Habían sido creados por la Ley de Medios en 2009, con apoyo casi unánime del Congreso e iniciativa de la presidenta Cristina Kirchner (2007-2015).
Pero un juez de La Plata (sur) hizo lugar este miércoles a un pedido de un delegado del AFCSA para que se declare «la nulidad absoluta» del decreto de intervención de ese organismo.
El juez Luis Arias ordenó que el gobierno «se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio y competencia de la AFCSA», hasta que la justicia federal se expida sobre la cuestión de fondo.
En un nuevo capítulo de la escalada de tensiones por la ley, un grupo de empleados intentó con la resolución judicial en mano ingresar a la sede del organismo intervenido, pero la policía federal lo impidió.
«Si el gobierno no cumple con mi medida estaría cometiendo un delito. La precautelar implica la anulación del decreto que se anunció esta mañana (miércoles)», dijo el juez a radio Del Plata.
Batalla por la ley
Al anunciar la creación del nuevo ente, Peña dijo que «comienza una política del siglo XXI. Hoy, por decisión de Macri, se termina la guerra contra el periodismo».
Aludió así al duro y largo enfrentamiento del poderoso grupo de multimedios Clarín, uno de los más grandes de Latinoamérica, y el gobierno peronista de centroizquierda de Kirchner.
La Ley de Medios obliga a los grupos con posesiones hegemónicas en televisión por cable, televisión por aire y radios a desprenderse de algunas unidades de negocios. Aunque Clarín logró impedir que se le aplicara con una batalla judicial.
«Creemos que el periodismo tiene que ser crítico. No habrá ahora medios amigos y medios enemigos», explicó Peña.
Peña anunció el envío al Congreso de un proyecto de nueva Ley de Medios. Macri es un líder de la derecha liberal que se ubica en las antípodas de Kirchner.
Tan solo una semana después de asumir Macri el 10 de diciembre, decenas de miles de manifestantes se congregaron frente al Congreso en defensa de la Ley de Medios, que permitió otorgar centenares de licencias a nuevos emisores audiovisuales de contenidos.
«Peña está haciendo un anuncio ilegal y antidemocrático que viola los estándares internacionales sobre libertad de expresión», dijo en su cuenta de la red social Twitter Graciana Peñafort, abogada desplazada del ente regulador.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había advertido en un comunicado que ahora «las decisiones sobre la regulación del sistema de medios de comunicación quedarán sometidas a la única autoridad del Poder Ejecutivo».
«Shock» de medidas
Lo que Peña denominó «guerra» fue una puja en la que medios de Clarín denunciaban que Kirchner quería silenciarlos y el gobierno respondía que era una excusa para defender intereses de grandes grupos económicos.
El kirchnerismo fue derrotado por menos de tres puntos el 22 de noviembre en el balotaje de las presidenciales.
«Parece que (Macri) ha optado por aprovechar sus primeros días para modificaciones profundas y en algunos casos controvertidas», a la AFP Javier Tejerizo, politólogo de la organización Argentina Elecciones.
Una de esas medidas fue el intento, por ahora en suspenso, de nombrar por decreto jueces de la Corte Suprema, cuando la Constitución establece que debe tener aval del Senado, controlado por el kirchnerismo.
«Evidentemente (Macri) considera que debe utilizar su luna de miel para realizar todo el daño junto, en términos maquiavélicos, ya que no tendrá oportunidad más adelante», dijo Tejerizo.
Gabriel Puricelli, vicedirector del Laboratorio de Políticas Públicas, dijo a la AFP que «las medidas de choque y los gestos de autoridad parecen estar destinados a definir una posición negociadora dura ante el Congreso», cuyas sesiones se inician en marzo.
«El riesgo es endurecer prematuramente a la oposición», afirmó Puricelli.
