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Los Angeles/AFP
El juez federal estadounidense que suspendió el decreto anti-inmigración del presidente Donald Trump extendió el miércoles su orden, bloqueando la instrumentación de la polémica medida.
El juez de distrito Derrick Watson, con sede en Hawái, dijo que cambió la orden temporal de bloqueo del decreto a una medida preliminar, una medida cautelar que dificultaría aún más su aplicación, aunque se espera que el Departamento de Justicia apele la decisión.
Tal medida generalmente no tiene fecha de expiración, dijo el fiscal general del estado de Hawái, Doug Chin, que elogió la decisión del juez.
Esto significa que Trump estaría impedido de aplicar la prohibición mientras el tema no sea dirimido por una corte de apelaciones federal.
Watson emitió su primera orden de bloqueo del decreto revisado de Trump el 15 de marzo, un día antes de que entrara en vigor, con el que el mandatario republicano buscaba impedir el ingreso al país de ciudadanos de seis países musulmanes.
De acuerdo con la mecánica judicial estadounidense, un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicación de un decreto, en una decisión que tiene alcance nacional.
Las decisiones de estos jueces solo pueden ser apeladas en instancias superiores.
El primer y segundo decreto de Trump han sido criticados por funcionarios de diversos estados y ciudades, así como por organizaciones de derechos civiles.
El fiscal general de Hawái elogió la decisión del juez Watson.
«Con la medida preliminar en vigor, la gente en Hawaí con familia en algunos de los seis países de mayoría musulmana afectados, así como estudiantes de Hawái, viajeros y refugiados a través del mundo enfrentarán menos incertidumbre», dijo el fiscal Chin.
«Aunque entendemos que el presidente puede apelar, creemos que la decisión bien fundamentada de la corte será confirmada», agregó en un comunicado.
Trump ha dicho que la prohibición es necesaria para preservar la seguridad nacional y mantener fuera del país a extremistas.
Si el Departamento de Justicia apela la última orden del juez, la disputa debe ser resuelta por la Corte de Apelaciones con sede en San Francisco, la misma que confirmó la prohibición del primer decreto anti-migratorio de Trump en febrero, después de que lo bloqueara un juez de Seattle (estado de Washington).
La prohibición cierra las fronteras de Estados Unidos a los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días y a todos los refugiados por al menos 120 días. Irak estaba en el decreto original, pero fue eliminado en el segundo.
La Casa Blanca dijo que los seis países fueron incluidos en la prohibición porque sus capacidades de seguimiento e información no cumplen los requerimientos de seguridad de Estados Unidos.
«Poner en la mira al Islam»
El primer decreto fue firmado por Trump el 27 de enero, apenas una semana después de su investidura, pero fue bloqueado por el juez James Robart de Seattle en una decisión que luego fue ratificada por la corte de apelaciones de San Francisco.
Aquella primera orden ejecutiva generó una monumental confusión en aeropuertos de todo el país y llevó a miles de personas a protestar en las calles.
«Yo creo que tenemos que volver al primero [el primer decreto] e ir con todo, que es lo que quería hacer en el primero. El peligro es claro, la ley es clara, la necesidad de mi orden ejecutiva es clara», indicó Trump, que anunció igualmente que «cientos de refugiados están bajo investigación federal por razones relacionadas a terrorismo».
El gobierno ha explicado que la decisión de restringir el acceso de ciertos extranjeros se apoya en las atribuciones presidenciales y ha reiterado que no se trata de un bloqueo con motivación religiosa.
La ley de hecho prohíbe la discriminación por cuestiones religiosas.
Pero Watson escribió en su fallo que la «ilógica» del argumento era «palpable», e indicó que no estaría errado «concluir que poner estos países en la mira es lo mismo que poner en la mira al Islam».
El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, calificó el fallo de Watson como «una nueva victoria para la Constitución y el estado de derecho».
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) celebró por su parte que «la Constitución haya puesto una vez más el freno a la vergonzosa y discriminatoria prohibición» migratoria.
