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El juez Levis Italmir Orellana, cheap del Primero de Instrucción de San Salvador, decidió ordenar “improcedente el recurso de revocatoria” en contra de la reserva total decretada en el caso de corrupción del ex Presidente Francisco Flores y el desvío de más de 15 millones de dólares donados por Taiwán.
Las organizaciones FESPAD, ARPAS, APES, IMU, ISD, UNES y ACISAM presentaron dos recurso la semana pasada, ya que sostienen que la “medida es ilegal y arbitraria”.
Sin embargo el operador de justicia razonó que estas organizaciones aún no se han constituido como parte procesal en el caso, es decir querellantes y “por ende, resulta indiscutible la ausencia de un requisito de forma, establecido por el legislador”, para aceptar la petición.
“El suscrito considera plausible y entendible el interés mostrado por el proceso, sin embargo, es necesario advertirles que para poder intervenir dentro de un proceso penal se deben reunir ciertos requisitos”, explicó Italmir en un comunicado.
“En principio, argumenta el suscrito, toda persona es capaz de ser parte, sin embargo para poder figurar y actuar como tal en un proceso no basta con disponer de esa aptitud general, sino que es necesaria una condición que afecta al proceso, no en su dimensión común, sino en lo tiene de individual y determinado que recibe el nombre de legitimación procesal”, advierte.
El juez manifiesta que debe acudirse al concepto de “Impugnabilidad Subjetiva”, que exigen por un lado la personería para impugnar, que se refiere a la legitimidad o capacidad jurídica de un sujeto para demandar el correcto cumplimiento de la ley, como consecuencia del supuesto agravio inferido, y su asidero legal se encuentra en el Art. 452 Inc.2° del Código Procesal Penal.
Las organizaciones argumentaron que luego de interponer el recurso, ya que previeron la denegación, pasarían a interponer un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que existe violación a derechos con la medida decretada por el juez.
Además, dijeron que están preparando la documentación para presentarse como querellantes en el proceso, aunque temen no tener acceso a todo el expediente.
Respecto a esto, el juez Orellana afirmó que hasta ayer los representante de las organizaciones sociales : María Silvia Guillén, Juan Carlos Sánchez, Bertha María Deleón, Jose Ramón Villalta, Eduardo Salvador Escobar y Oscar Oswaldo Campos “no han presentado, ni reunido los requisitos legales para poder aceptarlos como partes procesales y por ende este Juzgador no puede reconocerlos como tales al margen de la ley”.
En tal sentido el operador de justicia deja claro que “podrán tener acceso al expediente, una vez y cuando se acrediten legalmente como sujeto procesal”.
Las organizaciones temen que con la medida “se puede esconder” o entorpecer el proceso judicial.
El ex presidente Flores es acusado de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. La fiscalía sostiene que el ex funcionario desvió quince millones de dólares, que fueron donados por Taiwán durante su administración entre 1999-2014.
