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Redacción Nacionales
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El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, dijo a través de sus redes sociales que a la fecha van tres procesos judiciales de los seís que enfrenta, en que los jueces de Instrucción los han elevado a juicio y pasado a la etapa de sentencia sin que la Fiscalía General de la República (FGR) “haya podido demostrar los delitos que me imputa”. Para el ex presidente esto representa “una clara violación al derecho a la defensa y a un debido proceso”.
La declaración de Funes surge luego que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador lo enviara a juicio. A Funes se le acusa de supuestamente recibir una avioneta a cambio de conceder la licitación del puente San Isidro, en el Río Lempa, en 2013 a una empresa guatemalteca. La obra fue valorada en más de $8 millones de dólares.
Aunque Funes no se encuentra en el país, el Juzgado decidió procesarlo en ausencia, esto tras reformas al Código Procesal Penal que realizó la Asamblea Legislativa oficialista y que avala continuar con los procesos judiciales y penales para los imputados ausentes.
El exmandatario recordó que la Asamblea reformó dicho código el año pasado para que un imputado ausente pueda ser juzgado a pesar de no estar presente en el juicio. Sin embargo, aclaró que “según la Constitución (de la República) una reforma de ley solo puede ser aplicada por un juez cuando ésta favorezca al imputado”.
“Es del caso que la celebración de una audiencia con ausencia del imputado vulnera el derecho constitucional a la defensa pública. En tal sentido, los jueces que pasaron a juicio tres de los procesos que enfrento no debieron haber aplicado la reforma, ya que ésta no me favorece. Los procesos judiciales que estoy enfrentado son por tanto ilegales e inconstitucionales”, señaló.
En la audiencia, el Ministerio Público presentó gran cantidad “de evidencias” ante el Juzgado 3° de Instrucción, concretamente: más de 230 documentos, 34 testigos, supuesta prueba pericial y asistencia internacional sobre los movimientos migratorios de Funes, entre otros. El Juzgado ratificó la orden de captura.
Según las investigaciones del ministerio público fiscal, Mauricio Funes habría entregado la adjudicación del proyecto de diseño y construcción del proyecto a la empresa Servicios Calificados de la Construcción S.A. (SERDELCO S.A.) por un monto que asciende a los $8,487,716.94. Con dicho puente se conectaría San Pablo Tacachico (La Libertad), con Nueva Concepción (Chalatenango).
A cambio de adjudicar dicho proyecto el exmandatario habría recibido un avión modelo “King Air” para uso personal y para uso también de Miguel Menéndez, mejor conocido como “MeCafé”. Justamente, en agosto de 2022, el Juzgado Primero de Sentencia condenó a 8 años de prisión al empresario Miguel Menéndez, ya que encontró evidencia de que en la avioneta, “Mecafé” realizó 47 viajes entre el 27 de junio de 2013 y el 13 de septiembre de 2016. Es de recordar que Miguel Menéndez fue del círculo cercano del expresidente, en su gestión fue nombrado presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
Meléndez, además, es propietario una de las empresas más grande de seguridad privada.
Funes aclaró que su gobierno nunca otorgó esa obra. “La licitación fue ganada en el gobierno de (Salvador) Sánchez Cerén por una empresa salvadoreña. El avión al que hace referencia la FGR no está a mi nombre y fue alquilado por CAPRES (Casa Presidencial) para viajes oficiales y no oficiales. No hubo, por tanto, ningún soborno”.
Mauricio Funes resaltó que según las leyes, para que el delito de cohecho se configure “debe haberse concretado el supuesto favor al empresario que según la FGR me sobornó”.
Además, dijo que entre sus facultades “no estaba otorgar licitaciones de puentes. Esa es función del Ministerio de Obras Públicas no de la Presidencia” de la República.
“La única supuesta prueba que tienen en mi contra es que viajé varias veces en ese avión propiedad de un empresario guatemalteco entre el 2013 y el 2014. El hecho de alquilar un avión para uso oficial o familiar no me hace propietario de la aeronave y tampoco constituye un delito”, concluyó Funes.
