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San Salvador/AFP
Un juez salvadoreño decidió abrir una investigación a un grupo de militares involucrados en la masacre de El Mozote, cometida contra unos 1.000 campesinos en 1981 durante la guerra civil (1980-1992), informó la parte querellante.
“El juez ha ordenado la reapertura del proceso penal basado en la inconstitucionalidad del proceso (ley) de amnistía y de una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia”, declaró el viernes a la AFP Wilfredo Medrano, abogado de la organización humanitaria Tutela Legal María Julia Hernández.
Para terminar con la “impunidad” de la masacre que conmovió al mundo, el ente humanitario había solicitado en agosto abrir el caso.
La decisión del juez, según Medrano, “es un triunfo para las víctimas”, y para las organizaciones de derechos humanos habilitadas por una reciente sentencia de la Corte que declaró inconstitucional la ley de amnistía que en 1993 había perdonado las atrocidades cometidas en el conflicto. Medrano explicó que el juez Segundo de Primera Instancia, de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán, solicitó al presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada, que informe los nombres de los miembros del alto mando militar de la época.
Entre los imputados figura el exministro de la Defensa, general José Guillermo García, deportado en abril pasado de Estados Unidos, recordó Medrano.
También el juez solicita la lista de oficiales que integraban el ahora proscrito batallón Atlacatl, que entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, en El Mozote, Morazán, arremetió contra niños, mujeres, ancianos y algunos hombres, acusados de pertenecer a la guerrilla. De 14 uniformados imputados, el coronel Domingo Monterroza y el mayor Armando Azmitia ya fallecieron cuando en 1984 la guerrilla les hizo creer que habían decomisado transmisores de una radio clandestina que tenían explosivos en su interior y que subieron a un helicóptero el cual voló en pedazos una vez en el aire.
Una Comisión de la Verdad creada por la ONU para investigar crímenes sucedidos durante el conflicto, culpó de la masacre a Monterroza por ser el comandante del Batallón Atlacatl, así como al mayor Azmitia por figurar como jefe de operaciones y a otros seis oficiales.
El juez basó su resolución con base al Código Penal de 1973 que les otorgaba el monopolio de la acción penal. Este viernes, organismos entre los que figura Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), le expresaron al fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, su “profunda preocupación” por la posición de ese ente al considerar que la causa de El Mozote se encuentra “fenecida” como consecuencia de un sobreseimiento definitivo dictado por un juez en 1993.
