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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La juez suplente tercero de Paz de San Salvador se abstuvo de emitir resolución sobre la reapertura del proceso judicial sobre la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La juez suplente considera que “el presente proceso penal es sumamente delicado, complejo y voluminoso, por lo cual no ha contado con el tiempo necesario para conocer, estudiar y analizar todas las diligencias”.
El abogado querellante Arnau Baulenas, quien dio a conocer la resolución, dijo que “resoluciones así también vulneran los derechos humanos de las víctimas”.
El sacerdote José María Tojeira, director del IDHUCA, agregó “menos mal que la Corte Suprema tiene entre sus funciones vigilar que se administre pronta y cumplida justicia (artículo 182, ordinal quinto de la Constitución). En el sistema judicial la payasada siempre tiene tintes solemnes”.
El expediente consta de 32 piezas con 6,243 folios. “Esta juzgadora no contará con el tiempo necesario para revisar y estudiar las piezas”, dicta el escrito.
A finales de noviembre del 2017, la UCA solicitó la reapertura del caso al Juzgado Tercero de Paz, solicitud que llevaba una denuncia ante la poca preocupación de entidades del Estado, del sector justicia y la Fiscalía General de la República (FGR), que a juicio de los demandantes no ha dado muestras de una pronta y cumplida justicia.
A casi tres meses de dicha solicitud, el Juzgado no ha emitido una resolución sobre el asesinato de los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Armando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López y las colaboradoras Elba y Celina Ramos.
