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Washington / AFP
La jueza federal Ketanji Brown Jackson bloqueó temporalmente la aplicación de una medida que liberaliza los criterios para las expulsiones rápidas de clandestinos, informó una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes.
El fallo prohíbe al Departamento de Seguridad Interior (DHS) aplicar esta medida, que entró en vigor en julio pasado.
La decisión del gobierno prorroga de 14 días a dos años el período de estancia ilegal durante el cual un inmigrante clandestino puede ser expulsado del país sin pasar por la justicia y extiende las expulsiones a todo el territorio nacional, cuando hasta ahora estaban limitadas a una zona de unos 160 km de la frontera.
Varias asociaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes elevaron un recurso al estimar que la medida violaba en particular la quinta enmienda de la Constitución, que protege derechos jurídicos.
En su resolución de la noche del viernes la jueza Brown Jackson, con base en Washington, consideró «arbitraria» la disposición del gobierno comandado por el republicano Donald Trump y estimó que causaría a los migrantes un «perjuicio irreparable».
«La administración Trump quería expulsar el máximo de migrantes posible echando mano a un procedimiento que presenta profundas lagunas y que coloca a los extranjeros, incluidos los demandantes de asilo, bajo la amenaza de una expulsión injusta», denunció Trina Realmuto, abogada de la American Immigration Council (AIC), una de las asociaciones demandantes.
El Departamento de Justicia estimó que el fallo de la magistrada representa un «abuso de autoridad» y plantea un «conflicto directo» con el permiso otorgado por el Congreso al DHS para «actuar con rapidez para expulsar del país a los extranjeros que no tienen derecho a residir en él».
Estados Unidos enfrenta desde hace más de un año una crisis migratoria en su frontera con México. Varias decenas de miles de personas provenientes de América Central atraviesan esa frontera mes tras mes de manera clandestina.
El viernes una jueza federal de California (oeste) bloqueó el intento del gobierno de anular un acuerdo que le impedía detener indefinidamente a niños que residen clandestinamente en territorio estadounidense.
