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Redacción Nacionales
Kilmar Ábrego García, de 29 años, vivía legalmente en Maryland, Estados Unidos, protegido por un resolución otorgada por un juez en el 2019, ya que en El Salvador sufría de persecución de pandillas, pese a tener todo en orden fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el 16 de marzo fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca.
Esta acción contraviene directamente el fallo del juez migratorio, ya que Ábrego fue deportado junto a 200 personas, entre ellos venezolanos y salvadoreños.
Si la orden que dio este viernes Paula Xinis, juez federal de distrito es acatada, la suerte de Kilmar prodría cambiar, ya que la Juez ordenó al gobierno estadounidense gestionar de forma inmediata el regreso del salvadoreño a los Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses han reconocido que fue un “error” la captura y deportación de Abrego, por lo que según la agencia de noticias Associated Press, podría ser repatriado a más tardar el lunes 7 de abril.
Esta captura y su deportación ha sido señalada como un “un acto ilegal”, por lo que se ha cuestionado duramente la actuación del gobierno durante una tensa audiencia judicial.
Según las informaciones publicadas en medios locales, el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, reconoció que Ábrego “no debió haber sido deportado” y admitió no tener respuestas sobre quién autorizó su arresto o por qué fue enviado a ese penal, en referencia al CECOT.
Y habría agregado: “También estoy frustrado de no tener respuestas”, señaló Reuveni ante la insistencia de la jueza Xinis.
Simon Sandoval-Moshenberg, el abogado defensor del salvadoreño, denunció que “aunque la Casa Blanca ha hecho pronunciamientos públicos sobre el caso, no ha habido “ningún paso concreto con el gobierno de El Salvador para enmendar el error”.
Elabogado destaca que no existen pruebas que vinculen a su cliente con pandillas, como afirma el gobierno estadounidense, que lo ha señalado de pertenecer a la MS-13, solo por una declaración confidencial de 2019, que no fueron verificables.
Y es que Ábrego García fue autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional para trabajar en EE. UU. como aprendiz en una empresa metalúrgica, y estaba en proceso de obtener su licencia profesional.
En la audiencia por el regreso de Abrego, Reuveni habría solicitado a la jueza 24 horas para intentar coordinar la repatriación sin una orden judicial directa, petición que fue recibida con escepticismo, según informes de la nota periodistica.
La esposa de Kilmar, Jennifer Vásquez Sura, ciudadana estadounidense, no ha podido hablar con su esposo desde la deportación, mientras la Casa Blanca
admite el “error administrativo”, pero, la polémica crece por lo que organizaciones defensoras de derechos humanos califican como una señal de vulnerabilidad del sistema migratorio de los Estados Unidos.
