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El Juzgado 5º de Instrucción ordenó auto de apertura a juicio contra Miguel Tomás López Iraheta y José Armando Zepeda Valle, rx por el delito de peculado, viagra y a Magdaleno Antonio Guzmán, por los delitos de peculado y malversación.
En la resolución, la jueza Alba Gladis Salamanca, envió también a juicio en calidad de cómplices necesarios por el delito de peculado a Julio Roberto Ramírez Zepeda, Edgardo Lemus Sauerbrey y Jorge Alberto Murcia Recinos.
Mientras que por el delito de malversación en calidad de cómplices necesarios pasan a juicio, Jorge Alberto Murcia, Julio Roberto Ramírez, Edgardo Lemus Sauerbrey, pero estos dos últimos imputados la juzgadora los sobreseyó definitivamente por incumplimiento de deberes.
También se decretó sobreseimiento definitivo a favor de Salvador Edmundo Lemus, por los delitos de complicidad necesaria en el delito de malversación y por incumplimiento de deberes.
El imputado Daniel Argueta, fue sobreseído definitivamente por el delito de peculado en calidad de cómplice necesario, al igual que a Salvador Edmundo Lemus por complicidad en el delito de malversación.
La jueza admitió la prueba que ofreció la fiscalía y la defensa para que sea analizada en una eventual vista pública.
Según la investigación fiscal, los ex presidentes del (ISTA) supuestamente se apropiaron de fondos y lo malversaron cuando ejecutaron el convenio bilateral “Seguridad Ciudadana en el Sector Agropecuario” con el Ministerio de Gobernación (MIGOB) en el año 2002 por el cual este ministerio transfirió un monto de dos millones de dólares setecientos veintidós mil seiscientos ochenta y siete ($ 2, 722,787), para que los expresidentes lo ejecutaran.
Presuntamente, los ex funcionario ocuparon el dinero para el pago de salarios de personas que nada tenían que ver con el proyecto, cuando la prioridad era minimizar la pobreza en el campo dándole cobertura a unos 40 mil beneficiarios, los cuales iban a ser incorporados a programas de solidaridad rural, compra de lotes y otros beneficios individuales y otros.
Para lograr este propósito iban a contratar coordinadores y promotores e identificar así los problemas y necesidades de la población objeto.
Sin embargo, según la acusación en los años que duró el proyecto de 2002 a 2009, Miguel Tomás López Iraheta, José Armando Zepeda Valle y Magdaleno Antonio Guzmán Díaz, supuestamente seleccionaron personal de forma arbitraria y utilizaron los fondos para el pago de salarios de secretarias, ordenanzas, personal de archivo, y personal de seguridad.
Por otra parte, los acusan también que las personas contratadas en el campo recibieron instrucción para realizar campaña política a favor del partido en el gobierno (ARENA) de ese entonces.
El dictamen detalla que las personas que los imputados contrataron carecían de expediente laboral, pues solo se incluían en un listado que era aprobado por el presidente en funciones del ISTA y el Jefe del Departamento de Promoción y Gestión Organizacional, quien era el imputado, Salvador Edmundo Lemus y que era avalado posteriormente por Jorge Alberto Murcia Recinos.
El listado de personas era entregado a Edgardo Juan Lemus Sauerbrey, jefe del Departamento de Recursos Humanos, quien únicamente con base al listado y copia de Dui y Nit ordenaba que se elaboraran los contratos y las planillas de pago, sin realizar ninguna clase de verificación.
A los imputados Edgardo Juan Lemus Sauerbrey y Julio Roberto Ramírez Zepeda se les cuestiona que a pesar de tener conocimiento de estas irregularidades en las contrataciones que no tenían nada que ver con el proyecto, las avalaran.
El convenio bilateral y sus once prórrogas estarían sujeto constantes monitoreos, administrativo, técnico y financiero por parte el Ministerio de gobernación, con esta función es que fue nombrado el imputado Jorge Alberto Murcia Recinos para que monitoreara el programa, no obstante las indagaciones establecieron que éste no realizó ninguna actividad de control ni verificación, solo se limitó a revisar y avalar los informes que hacía el ISTA a Gobernación.
