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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La jueza María Elizabeth Amaya Rivera, del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, resolvió enviar a Vista Pública a los cinco ambientalistas y líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, por los supuestos delitos de asesinato y asociaciones ilícitas, y desestimó el delito de privación de libertad.
Denis Muñoz, abogado defensor de los cinco ambientalistas de Cabañas, dijo que en la vista pública “Sólo estará conociendo dos de los tres delitos. Hay bastante prueba a favor de la defensa, más allá, de las pruebas de la contraparte. Sólo eso puedo decir de entrada, la siguiente etapa será cuando el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque señale”, expresó Muñoz.
De los tres delitos que eran acusados los cinco ambientalistas, sólo han quitado privación de libertad, los otros dos delitos persisten, es decir, el de asesinato y asociaciones ilícitas, pero eso no significa que se dé por acreditado esos delitos por los que están siendo acusados. Habrá que esperar llegar a la siguiente etapa procesal, manifestó Muñoz.
El delito de asociaciones ilícitas es por haber pertenecido a una de las organizaciones ex guerrilleras del FMLN.
La Comunidad Santa Marta, acompañada de otras organizaciones sociales, y otras comunidades territoriales, se presentó en el Centro Judicial Integrado de la Corte Suprema de Justicia en San Salvador, para exigir una “resolución de sobreseimiento definitivo“ de sus líderes.
Pese a que la resolución judicial fue desfavorable para los ambientalistas Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, de Santa Marta – ADES, el mensaje colectivo fue la “lucha continúa”.
Resolución adversa
Alfredo Leiva, líder comunitario de Santa Marta, manifestó que si bien la resolución de la jueza Amaya Rivera, ha sido adversa “en el fondo, ya esperábamos algo así”, tras declarar que la jueza, simplemente “evadió tomar la responsabilidad del caso”, ante las constantes denuncias y observaciones hechas por cientos de organizaciones nacionales e internacionales, incluidos los organismos de Derechos Humanos de la ONU, en cuanto a la poca sustentación de las acusaciones.
“¿Qué hizo?, pues trasladar la responsabilidad a otro juez y otro tribunal, en ese sentido, a pesar que intuímos este fallo, condenamos enérgicamente esta decisión judicial a partir de que no hay pruebas, que es un proceso injusto e ilegal y que la jueza ha tomado, pero como ya lo dijimos en otras oportunidades vamos a continuar en este proceso”, señaló.
“Y en la medida de los tiempos que les den, vamos a apelar a otras instancias estas decisiones. Porque el proceso judicial contra nuestros compañeros, como ya hemos dicho es injusto, es ilegal y es una persecución política contra nuestros compañeros. Por lo tanto, vamos a continuar en este proceso y no vamos a desistir a pesar de que estas decisiones se siguen dando”, reiteró Leiva.
Estamos en lado correcto
Vidalina Morales, directiva de ADES -Santa Marta, señaló que la decisión de la jueza, Amaya Rivera, ha sido inesperada de primer momento, no dudó en considerar que sabían que podrían enfrentar una situación de injusticia por la lucha que libran en el territorio de Cabañas los cinco compañeros ambientalistas enjuiciados.
“Nosotros sabemos a quién responde el sistema judicial y esta jueza interina (Amaya Rivera), que prácticamente sólo ha estado pasando papeles. No cabe duda, que no ha actuado con base a la ley, como le hemos venido exigiendo desde el inicio de este proceso judicial”, afirmó la lideresa. El proceso continúa y estaremos aquí en pie de lucha hasta ver en libertad a nuestros compañeros, pero una libertad total y definitiva, así que, la lucha continúa, allí está la resolución de esa jueza que es injusta, pero vamos a seguir luchando”, agregó Morales.
Asimismo, la lideresa de Santa Marta aprovechó para denunciando esta “resolución judicial”, ante la población y la Comunidad Internacional, al afirmar que esta sólo reflejaba “toda la criminalización a las personas que defienden derechos humanos”.
“Qué está sucediendo con los defensores de derechos humanos, los defensores de derechos ambientales del cual formamos parte de esa lucha y que lideramos en Cabañas, estamos recibiendo persecución. Y no es para menos, es la defensa del medio ambiente por la que recibimos criminalización, es por la lucha en defensa de los bienes naturales”, alegó Morales.
La Comunidad Santa Marta, Cabañas, fundada hace 31 años, junto a otras comunidades y las organizaciones homólogas nacionales e internacionales, ha venido acompañando el proceso de los cinco ambientalistas, y reiteró el compromiso de seguir este proceso y seguir luchando por la aplicación de la justicia en el país.
“Seguiremos denunciando y desenmascarando este poder perverso que a todas luces responde a un poder económico, que le ha permitido llegar a este nivel de injusticia en el caso de los ambientalistas, afectando a sus familias, afectando a su comunidad y al movimiento social que viene acompañando a ADES Santa Marta”, expresó Morales.
“Sólo les advertimos, que este pueblo está despierto más que nunca, que vamos a seguir señalando a esta jueza interina de Sensuntepeque (María Amaya Rivera), por esta injusticia. Y como dijo San Romero de las Américas, la justicia castiga sólo a los descalzos, los inocentes y premia a los poderosos, ese es el sistema judicial que tenemos en El Salvador”, finalizó Vidalina Morales.
