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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La jueza del Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, Nora Montoya inspeccionó este viernes la maquinaria e inmuebles que la empresa ASTALDI dejó en el lugar de construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, en el municipio de San Luis La Reina, departamento de San Miguel.
La inspección se realizó a petición de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la cual es querellante del proceso judicial por presunta corrupción en la construcción de la presa, y solicitó en octubre pasado que los inmuebles y la maquinaria sean declarados a favor de la autónoma. Los inmuebles y maquinarias se encuentran inmovilizados desde el año 2015 por orden del Juzgado de Paz de San Luis La Reina.
Los inmuebles inmovilizados de ASTALDI en el proyecto son una planta dosificadora, una planta trituradora, una grúa de torre, una planta para combustible, un circuito trifásico de 23 kilómetros, una subestación eléctrica, un almacén y un campamento.
La jueza Nora Montoya dijo que evalúan la posibilidad de entregar a la CEL la maquinaria y los inmuebles para que sean utilizados, puesto que esta se encuentra deteriorándose por el desuso. El Chaparral inició su construcción en el 2008 y el coste inicial del megaproyecto fue de poco más de 200 millones de dólares, en la actualidad se considera que la obra costará unos 759 millones de dólares. En agosto de este año, el Gobierno evaluó la posibilidad de suspender definitivamente la construcción. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al expresidente de la República, Mauricio Funes; al expresidente de CEL, José Leopoldo Samour; al empresario y expresidente del CIFCO, José Miguel Meléndez (MECAFÉ); a la compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Guzmán y a José Efraín Quinteros.
