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La suscrita juez suplente en el escrito que se dio a conocer a través de redes sociales considera que el proceso penal para juzgar a los autores intelectuales de la masacre es sumamente delicado, complejo y voluminoso, por lo cual, la aplicadora de justicia dijo no haber contado con el tiempo necesario para poder conocer, estudiar y analizar todas las diligencias que conforman dicho proceso penal.
Además, mencionó que tampoco no tendrá el espacio para conocer y analizar cada una de las peticiones realizadas por las partes y visualiza que se le imposibilitará revisar y estudiar las 32 piezas compuestas de 6,243 folios útiles que conforman la certificación extendida por el Juzgado Cuarto de Instrucción como para resolver las peticiones de las partes conforme a derecho.
En el escrito, la jueza se desmarca de seguir conociendo el caso y sugiere que mejor se espere al juez titular José Roberto Campos Orellana, quien sí ha tenido el tiempo necesario para conocer, estudiar y analizar el caso anteriormente, y asegura que él tendrá también el lapso suficiente para poder revisar y estudiar la certificación extendida por el Juzgado de Instrucción y así emitir una resolución debidamente motivada conforme a derecho. La jueza se hará cargo de otro tribunal en San Salvador, por lo que decidió finalizar de esta manera su trabajo en el conocimiento y agilización de este proceso penal. Consideró mejor abstenerse de emitir una resolución al respecto y que sea mejor el juez titular quien resuelva este caso.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) José María Tojeira al conocer la decisión publicó en su cuenta de Twitter: “Menos mal que la Corte Suprema tiene entre sus funciones ‘vigilar que se administre pronta y cumplida justicia’ (Const. 182, n 5°). En el sistema judicial la payasada siempre tiene tintes solemnes”.
A la crítica del jesuita se sumó también la del querellante en el caso Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del IDHUCA, quien señaló en la misma red social que “resoluciones así, también vulneran los derechos humanos de las víctimas”.
