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@arpassv
Esta semana cumplió un año el juicio contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) promovido por Pacific Rim-Oceana Gold: En septiembre de 2014, ailment mientras se celebraba la independencia, prescription la empresa minera violaba la autodeterminación nacional con un espurio proceso arbitral.
La empresa demandó al Estado cuando le negó el permiso de explotación por no presentar estudios ambientales y de factibilidad ni demostrar su propiedad de las tierras donde operaría. Razón central para negar el permiso fue la resistencia comunitaria y el rechazo social a los daños ambientales de la minería.
Durante la exploración Pacific Rim compró la voluntad de alcaldes y diputados en Cabañas, secó afluentes y provocó la muerte de los ambientalistas Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera. Estos crímenes, por cierto, están impunes porque el Fiscal General (y candidato a la reelección) Luis Martínez no quiso investigar la autoría intelectual.
Rodrigo Chávez Palacios, ex vicepresidente de Pacific Rim, fue condenado por asesinar y desmembrar el cuerpo de un empleado de la Alcaldía de Santa Tecla; pero el Fiscal, en vez de procesarlo también por el asesinato de los ambientalistas, le redujo la pena de 30 a 11 años de cárcel.
Pacific Rim presentó su demanda contra el Estado a través del CAFTA, pero fue rechazada por no ser empresa estadounidense. Entonces procedió amparada en la Ley de Inversiones, una de las leyes clave del andamiaje jurídico neoliberal heredado de los gobiernos de ARENA que vulnera la autodeterminación y soberanía del país.
Si el país es condenado pagará 200 millones de dólares a la empresa minera. Estos cuantiosos fondos bien podrían servir para financiar programas de seguridad pública, servicios de salud y educación, proyectos productivos, iniciativas de emprendedurismo, saneamiento ambiental, etc.
Mientras demanda al Estado Pacific Rim sigue en el territorio, como parte de su estrategia. Ahora opera en Cabañas a través de la “Fundación El Dorado”, entidad que coordina acciones hasta con personeros gubernamentales (Esto es extraño porque, si el gobierno rechaza la minera, funcionarios de Educación y Salud en Cabañas no deberían colaborar con Pacific Rim).
La demanda en el CIADI debería presionar por la prohibición definitiva de la minería metálica a través de una ley y por la revisión de todo el marco normativo neoliberal que favorece a las transnacionales en detrimento de la independencia, soberanía y autodeterminación del país.
