@zorayaurbina
“Los juicios de derechos humanos, levitra ¿esperanza para las víctimas en El Salvador?” fue el tema de un reciente foro en el que se analizó cómo la impunidad retarda la justicia para las víctimas de la impunidad en el país.
El evento fue organizado por la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), patient la Fundación para el Debido Proceso y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDUCA). El foro contó con las ponencias de Naomi Roht-Arriaza, viagra experta en justicia transicional y profesora del Hastings College of Law, de la Universidad de California, Estados Unidos; Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos (Guatemala); y David Morales, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
Según explicó Leonor Artega, de la Fundación para el Debido Proceso, organización de Derechos Humanos con sede en Washington DC, Estados Unidos, las instituciones promovieron la discusión sobre el valor que tienen los juicios contra responsables de violaciones a Derechos Humanos para las víctimas en El Salvador.
“Es necesario dar un salto para poder ponerle fin a la impunidad de los casos del pasado, pero también para contribuir a combatirla, pues que sigue estando presente en El Salvador, y se caracteriza por una debilidad del sistema de justicia y una falta de respuesta adecuada de la Fiscalía General de la República”, indicó.
Aseguró que la pertinencia de la iniciativa tiene que ver con un momento relevante en país, como es la la elección del próximo fiscal general. “Tenemos esperanzas en que en esta ocasión se nombre a una persona idónea, capaz, transparente, que tome en serio sus obligaciones de investigar los delitos sin ningún tipo de distinción, y sin favoritismos a ningún sector, y que sobre todo acoja la agenda pendiente de los casos de Conflicto Armado que tiene más de 30 años, siguen sin tener una solución”, expuso.
En relación a los ponentes, Roht Arriaza es una investigadora que en América Latina ha estudiado el impacto que tienen los juicios, pero también, de cómo cuando se derriban obstáculos, como las amnistías, la prescripción en los países, hay mayores índices de reconciliación, pues las víctimas se sienten apoyadas y reconocidas, indicó Arteaga.
En cuanto a López, es jefe de la Unidad de Derechos Humanos, de la Fiscalía de Guatemala, ha tenido un rol muy importante en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y expuso sus experiencias sobre el tema.
Estado favorece impunidad
En tanto, el procurador Morales habló sobre la verdad, la justicia, la reparación, la memoria histórica para las víctimas de crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad. Expuso que las víctimas aún siguen padeciendo un inaceptable estado de impunidad que favorece a los perpetradores, a los represores, pese a que ya pasaron 24 años de la Firma de Los Acuerdos de Paz, en 1992.
“El estado que sigue siendo un Estado que favorece la impunidad de criminales de lesa humanidad. En el país es una problemática compleja porque la impunidad se encuentra institucionalizada, pero también las luchas son importantes”, señaló el funcionario.
Aseguró que desde la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, se acompañan diversos esfuerzos para derrotar la impunidad; asimismo, hay posicionamientos históricos sobre casos relevantes, entre estos, el de los sacerdotes Jesuitas y sus dos colaboradoras, la masacre del Sumpul, la del Mozote, la desaparición forzada de personas.
“En los últimos años, estamos en un esfuerzo por construir una verdadera política institucional en el tema de memoria histórica, hemos empujado la creación de una Asamblea Nacional de Víctimas, que ahora están unificando sus esfuerzos de lucha; se está promoviendo también la Fundación de la Verdad y la Memoria para la preservación de archivos históricos, y por otro lado, estamos realizando nuestro trabajo de fiscalización de verificación de las actuaciones del sistema de justicia en diferentes casos”, informó.
Igualmente, el funcionario se refirió al papel de la Asamblea Legislativa en el tema de la impunidad y reconocimiento a las víctimas, expresó que si bien hay algunos avances, hay un “rol en extremo pasivo”, pues no hay avances en la ratificación de convenciones trascendentales, entre estas el Estatuto de Roma, las convenciones de la Universal y la Interamericana contra la
Desapariciones Forzadas; el Protocolo de la Convención contra la Tortura; el Protocolo de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que siguen siendo una gran deuda histórica en El Salvador”.