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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Este anteproyecto es un reglamento para Juntas de Agua, tiene la consulta y participación de más de 200 organizaciones que administran sistemas de agua a nivel comunitario”, afirmó Krisia Romero, representante de las comunidades, al entregar el documento al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Felipe Rivas.
En el marco del Tercer Encuentro Nacional de Juntas de Agua Potable y Saneamiento Rurales, que forman parte del Foro del Agua El Salvador, se realizó la entrega oficial del “Anteproyecto de Reglamento General para la Atención de Juntas de Agua Potable y Saneamiento”, a fin de agilizar el proceso para su aprobación, del cual dependen 1.4 millones de habitantes en el país.
“Este anteproyecto tiene tres objetivos principales. Primero, el reconocimiento por parte del Estado como Juntas de Aguas Rurales, como prestador de un servicio público de abastecimiento. El segundo objetivo es la regulación de este sistema en sus procesos y lograr la sostenibilidad del abastecimiento. Y en tercer lugar, establecer la relación de juntas de agua con las diferentes instituciones del Estado”, explicó Romero.
Karen Ramírez, del Foro del Agua, indicó que las organizaciones están abriendo la puerta para integrar una propuesta de legislación nacional que se enfoca en un “modelo alternativo” de administración y distribución del agua, en donde el Estado será siempre el garante del derecho humano al agua.
“No solo se trata de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de agua, sino de extender la cobertura a la población y cumplir todos los aspectos del derecho humano que incluye la eficiencia y la calidad. Este día es importante que el Ejecutivo esté interesado en este reglamento que será una garantía para la gestión del agua”, agregó.
Ramírez agregó que los conflictos sociales por el agua se están agudizando, en los últimos meses, y por tanto necesitan un marco jurídico que permita una operatividad regulada y la protección de los defensores y defensoras del derecho humano al vital líquido.
“Tenemos problemas graves en este tema, con los gobiernos locales de Tacuba (Ahuachapán) en La Libertad y Comasagua. Son comunidades que están librando batallas jurídicas, penales, por ausencia de una normativa específica, como lo sería la Ley General de Aguas, que no termina de aprobar la Asamblea Legislativa, pero el Ejecutivo ha tomado a bien medidas por parte del subsector de agua potable y es el reconocimiento de la gestión que hacen las comunidades, las juntas de agua y ADESCOS, para cesar los abusos y discriminación”, expresó.
Felipe Rivas, presidente de ANDA, manifestó su satisfacción a más de dos mil juntas de aguas, el trabajo realizado para redactar el anteproyecto de Reglamento de Juntas de Agua, así como el esfuerzo junto a unidades gerenciales de la autónoma, no solo para definir su reconocimiento jurídico, sino en el suministro y su gestión estratégica en el ámbito rural.
“He mencionado la importancia de hacer un esfuerzo estratégico para que la Ley General de Aguas se garantice, porque tenemos dificultades importantes en términos de la gestión, pero sobre todo de la explotación privada que se está dando y es una explotación que no garantiza el derecho humano al agua. Al contrastar con esas inversiones privadas, están las juntas de agua, que no han tenido el reconocimiento debido en todos estos años”, puntualizó.
