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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Como un acto de rechazo a las disposiciones tomadas por la derecha de incluirlas en el ente rector del anteproyecto de Aguas, representantes de las juntas administradoras del recurso hídrico en comunidades rurales marcharon hacia la Asamblea Legislativa para presentar un escrito en el que además solicitan que su labor se declare de interés social por decreto legislativo.
Orlando Aguiluz, presidente de la Asociación de Beneficiados de Agua de la zona Rural de Tonacatepeque (ABASORTO), consideró que el consenso de las fracciones políticas representadas en el congreso con el fin de aprobar la exoneración de las deudas de dichas asociaciones es un gancho para movilizar a las comunidades.
“Nos quieren andar movilizando con el engaño de pertenecer al ente rector del agua y este día venimos a decirles que no estamos interesados en ello porque sabemos que es una estrategia de la derecha para usarnos y considerarnos privados”, dijo Aguiluz.
Para el representante de ABASORTO el ente rector del agua debe integrarse en su mayoría con entidades públicas ya que es la única manera de garantizar el acceso, sin discriminación al vital, líquido.
Aguiluz, además, consideró que los representantes de la empresa privada en el país deben copiar la decisión de las juntas administradoras de agua y renunciar a sus pretensiones de conformar el ente rector del anteproyecto de Ley de Aguas. “Nosotros podemos participar en otros espacios que realmente sean competencia nuestra como lo es el derecho al agua y saneamiento podemos aportar pero la institucionalidad general debe estar regida por instituciones públicas”, consideró el representante de ABASORTO.
En visión de los representantes de las juntas de agua, las pretensiones de la derecha legislativa de que privados formen parte del ente rector de la legislación en estudio responde a intereses económicos de las empresas.
Los representantes de juntas de agua y habitantes de las comunidades beneficiadas exigieron a los diputados agilizar la discusión y posterior aprobación de la ley de aguas porque de no ser así cuando el marco normativo surja ya no habrá recurso que administrar.
Respecto a la declaratoria de interés social de su labor, las juntas de agua consideraron que debe quedar plasmado en un decreto ejecutivo
y no dejarlo a criterio de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ya que por la naturaleza cambiante de los funcionarios de gobierno esta carece de validez.
