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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Los representantes de las Juntas de Agua Rurales del municipio de La Libertad denunciaron la vulneración de sus derechos, luego que el presidente Nayib Bukele decretara la aplicación de un “cordón sanitario”, desde el pasado viernes 17 de abril, que restringe radicalmente salir de las casas a sus habitantes, y que elementos de la Fuerza Armada y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) deben hacer cumplir.
La Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo, la Asociación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, el Comité de Rescate de Cuenca de La Libertad, la Asociación Intersectorial de Mujeres por La Libertad que Merecemos, y la Asociación Comunitaria por el Agua y la Agricultura, presentaron ante organismos nacionales e internacionales una denuncia sobre el “cerco sanitario”, pues consideran un desacato del presidente Nayib Bukele a la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional (CSJ) sobre el supuesto de contener la propagación el Coronavirus en el país.
“El país se encuentra en grave riesgo de violaciones a los derechos humanos de la población, sometida al asedio por el confinamiento por órdenes del Ejecutivo, que contravienen las garantías constitucionales de la ciudadanía como el derecho a la salud y el acceso al agua”, indicaron.
Sobre el incidente entre dos trabajadores en la planta de distribución del sistema de agua de la Asociación Comunal de Agua Potable de la Comunidad Brisas del Mar (ASCOBAPCO) etapa I y II, entre los pasajes La Posada y El Coplanar en el Puerto de La Libertad, quienes supuestamente fueron agredidos por elementos del ejército
“Pese a identificarse con sus documentos y cartas de justificación fueron sometidos a golpes por los militares, este hecho viene a agravar la situación de inseguridad en el país, que igualmente están sometidas al estrés psicológico que representa el confinamiento domiciliar, la escasez de alimentos y el agua potable”, dijeron.
Asimismo, señalaron que la población no tendrá más opción que ir a los manantiales naturales, lo que elevaría el riesgo de sufrir atropellos de parte de las autoridades.
En El Salvador existen 2,300 sistemas comunitarios de agua, que se han instalado ante la falta de cumplimiento del Estado salvadoreño de garantizarles el acceso al agua potable.
“Exigimos el respeto físico y moral de las personas operadoras de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, que la Fiscalía General de la República realice una investigación y castigo a los culpables de la violencia sufrida por los trabajadores de ASCOBAPCO, así como garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional”, solicitan.
Finalmente, dicen “Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional a estar vigilantes de la violación institucionalizada de los derechos humanos en El Salvador”, puntualizaron.
