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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Diversas organizaciones que integran el Foro del Agua presentaron ante la Asamblea Legislativa una serie de recomendaciones frente a los impactos de la economía generados por el COVID-19 a las Juntas de Agua Rurales, a fin de rescatarlas de un posible colapso operativo.
Cecilia Hernández, de ASPS que integra el Foro del Agua señaló que han estado recibiendo de diferentes Juntas de Agua Rurales a nivel nacional reportes de dificultades con la población a la que prestan el servicio del agua, porque tienen una interpretación equivocada de las disposiciones presidenciales.
“La gente cree que el presidente de la República, Nayib Bukele, iba a perdonar el pago de los próximos tres meses del servicio del agua, y luego lo iban a repartir el pago en dos años, y esta población cree que estas disposiciones van para todos los prestadores de servicios del agua; entonces, han dejado de pagar el servicio del agua. Y esto solo puede traerles a un problema de sostenibilidad y los reportes vienen de Morazán, Cabañas, La Libertad y Sonsonate, porque definitivamente ha faltado información sobre esta medida”, afirmó.
Sobre la pieza de correspondencia, Hernández agregó que espera que incluyan a las Juntas de Aguas Rurales por la crisis económica que habrá a futuro, luego de que pase la Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19, ya que el Gobierno ha emitido varias medidas que van desde la salud, el aislamiento social y medidas económicas. Las organizaciones del Foro del Agua consideraron “grave” la situación que están pasando estos sistemas comunitarios que abastecen aproximadamente a más de un millón de personas (26 % de la población), porque serían impactados no solo en la salud, sino también, en su estabilidad económica, que ya es precaria.
Krissia Romero, de SSPAS y Foro del Agua agregó que las Juntas de Agua Rurales son importantes para el cumplimiento del derecho humano al agua en el país, con un número de 2,326 Juntas de Agua, que se traduce en un alto porcentaje de población salvadoreña.
“Estamos hablando de más de un millón y medio de personas que son abastecidas por este sector, que ha sido por muchos años abandonando por los gobiernos y no existe una política pública clara de acompañamiento o apoyo técnico o económico a las Juntas de Agua, lo que ha provocado que estas subsistan con sus recursos, y recordemos que no son empresas que se lucran del servicio de agua, sino que realizan una labor para la población y, por lo tanto, subsisten de la cuota del usuario del servicio. El catastro rural de ANDA ha documentado que el 60 % de estas Juntas de Agua Rurales reciben un pago del usuario que es de alrededor de 5 dólares o menos al mes; entonces, la cantidad de dinero que reciben es utilizada en la operatividad y mantenimiento del mismo sistema y no se habla del pago de fontaneros, administradores y reparaciones a la infraestructura o la cloración, que es necesaria para llevar agua en cantidad y calidad adecuada a las comunidades”, puntualizó.
