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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
David Morales -director de Litigio Estratégico de CRISTOSAL- afirmó que luego de que el juez, Jorge Guzmán citara a las partes en el Caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, para reanudar las audiencias y programar las visitas a los archivos de las instancias militares y de Gobierno, en el proceso penal que se realiza contra un grupo de militares señalados de este Crimen de Guerra y Lesa Humanidad en diciembre de 1981, la audiencia fue positiva
“El punto a destacar es que las inspecciones están ordenadas por el señor juez y se está preparando las actividades de inspección y los expertos han sometido a consideración del Tribunal este día (ayer), una propuesta de metodología y cronograma, obviamente esto se deberá coordinar con las autoridades de Presidencia y Fuerza Armada, para que se defina una fecha de inicio; que en el momento que se conozca será de conocimiento público”, dijo Morales.
La masacre en El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles ha sido considerada internacionalmente por investigadores como una de las “más letales en América Latina” del siglo pasado, que fue ejecutada por un combinado militar, entre el 10 al 12 de diciembre de 1981, que terminó con la vida de más de mil personas entre niños, niñas, mujeres y adultos mayores. Y que dio la vuelta al mundo con el testimonio de Rufina Amaya o con Rosario López, originaria de La Joya, quien perdió a veinticuatro de sus familiares luego de la incursión militar de uno de los grupos élite de contrainsurgencia más señalados por su barbarie, el Batallón Atlacatl.
Morales señaló -como abogado acusador- junto a Wilfredo Medrano, de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, la audiencia fue un avance importante en el caso de la masacre de El Mozote, ya que fueron confirmados y juramentados en sus cargos como peritos expertos en archivística dos profesionales salvadoreños.
“Este nombramiento es relevante para llevar adelante -las ya ordenadas- inspecciones judiciales en archivos militares, que es un paso de gran trascendencia para el caso y que por primera vez estaría ocurriendo en El Salvador, que un tribunal se haga presente a los archivos históricos de diversas unidades militares, entre ellas el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, para revisar documentación que puede ser evidencia como prueba documental en el caso”, afirmó.
En cuanto a la perita guatemalteca, que no pudo ser juramentada en la audiencia, por reparo de la defensa de los militares, Morales consideró que lo importante es que no existe una impugnación al nombramiento de la experta guatemalteca.
“La defensa de los militares a última hora presentó una solicitud para que la juramentación no se haga de manera virtual, sino presencial; me parece una petición improcedente en este momento, que desconoce la realidad de toda las restricciones de movilidad y cruces de fronteras que está imponiendo la pandemia (COVID-19) pero me parece, además, que la defensa hace este tipo de peticiones con fines dilatorios y retrasando el pronto inicio de las inspecciones”, consideró.
Entre los documentos a los que tendrían acceso serían: planes militares de campaña, operaciones especiales, actas de expurgos (selección de determinados documentos para retirarlos definitivamente o pasarlos a almacenamiento) y destrucción de documentos militares que han sido ubicados bajo el código A106.1 de los archivos de guarnición militar
“Son archivos que han estado cerrados al acceso de investigadores, incluso se ha violentado la institucionalidad de otras autoridades como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el pasado y ahora, por primera vez, un tribunal está ordenando estas inspecciones, esperemos que no bloqueen estas diligencias el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, o el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cargo de Comandante General de las Fuerzas Armadas, que sería totalmente ilegalidad e incurrirían en responsabilidad penal, si bloquean una orden judicial de esta naturaleza”, explicó Morales.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Derechos Humanos e Investigación Archivística, Especialidad de Litigio, ha determinado que el peritaje archivístico es un medio de investigación y aunque es reciente su uso puede incorporarse a la estrategia de investigación de procesos penales relacionados por el conflicto armado interno, que a diferencia de la prueba documental, la declaración testimonial o los peritajes antropológicas-forenses los documentos de archivos históricos y el peritaje archivístico puede fundamentar en procesos penales.
“En todo caso, no hay impugnación de la experta en sistemas de archivo guatemalteca, es un incidente que se subsanará relativamente pronto, o que resolverá relativamente pronto; el punto a destacar es que las inspecciones están ordenadas por el señor juez y que se están preparando las actividades de inspección en los archivos de la Fuerza Armada, para que se defina una fecha de inicio”, puntualizó Morales.
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