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Redacción Nacionales
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“Sin independencia judicial, no puede existir justicia ambiental”, afirmó Amalia López, al señalar la “indignación social”, por las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia en pleno, contra el mismo órgano Judicial, al acatar un decreto legislativo (144) que lesiona las garantías laborales y personales de jueces y magistrados del país.
López es integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, y que junto a diversos colectivos sociales, ambientales, mujeres feministas, derechos humanos y Pueblos Indígenas, reclamaron el respeto al “Estado constitucional y democrático” que existía anteriormente en el país.
El traslado de los magistrados de la Cámara Ambiental de San Salvador, Samuel Lizama a la Cámara de lo Penal de San Vicente y Cesia Romero, a la Cámara de lo Civil de Santa Ana, es considerado un golpe al trabajo y compromiso de ambos juristas con la justicia ambiental.
“El Magistrado Samuel Lizama fue el primer Juez Ambiental de El Salvador, un destacado jurista que se completa con cualidades como la integridad, honorabilidad y compromiso con el medio ambiente”, señaló López,
López agregó que las decisiones que tomó a lo largo de su gestión en casos emblemáticos como en los casos del Río Grande de San Miguel (2019), al que giró “medidas cautelares” al gobierno central y municipal, para restaurar el río Grande, es una muestra del buen trabajo del juez Lizama.
“Con el Río Sensunapán, Sonsonate (junio 2021), resolvió a favor de los derechos de las comunidades indígenas y ambientales al denegar el permiso ambiental de ubicación y construcción al proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II. Y en septiembre de 2021, el río Lempa inició de oficio un proceso para dictar medidas cautelares para erradicar la contaminación del cuerpo de agua”, argumentó López.
Asimismo, decretó medidas cautelares a MIDES en febrero del presente año, para habilitar el relleno sanitario de Nejapa, al problema de la basura de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Y pedir al Ministerio de Medios Ambiente y Recursos Naturales la documentación en el caso de Valle El Ángel, para evaluar el estudio de impacto ambiental.
“El traslado del Magistrado Lizama es una represalia”, manifestó, Adela Bonilla, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, al señalar que el funcionario ejercía un trabajo jurídico profesional al denunciar inconstitucionalidades ilegales y arbitrarias.
“Advertimos que detrás de esta decisión inconstitucional hay un interés mezquino en contra de todo el pueblo salvadoreño del que se presume están para proteger, y terminan favoreciendo a sectores económicos que buscan allanar el camino para proyectos de inversión que atentan contra el medio ambiente con el fin de mercantilizar y degradar los bienes ambientales”. Señaló la ambientalista.
“Desconocemos el régimen de selección y nombramiento de los nuevos y nuevas magistradas en la Cámara Ambiental de San Salvador, que nos lleva a presumir un alto grado de discrecionalidad y ninguna garantía que las personas escogidas sean necesariamente, las más idóneas”, sostuvo Bonilla.
Para Luis González, abogado de UNES, estas acciones provenientes del gobierno en la reforma de la Carrera Judicial, obedece a un fin de “desmantelar la institucionalidad ambiental en EL Salvador”, al considerar que este tipo de decisiones solo terminarán afectando a población en general.
“El discurso oficialista (administración Nayib Bukele), habla del derecho humano al agua y la no privatización; habla de la protección a los bienes ambientales pero hay entrega de permisos ambientales sin consulta con la población”, dijo.
“Entonces, no hay congruencia de lo que se dice y se hace en el territorio, no podemos confiar si continúan dando permisos ambientales o firmando convenios como entidades públicas con sectores privados por los bienes naturales. Esto va en menoscabo del ambiente y afecta la calidad de vida de la población”, consideró González.
Frente a esta situación, las organizaciones están dispuestas a dar protección y defender todos los “mecanismos de protección ambiental”, a fin de resguardar las conquistas de las comunidades y el movimiento social, como son los tribunales ambientales y la Cámara Ambiental.
“Exigimos a la Corte Suprema de Justicia, que los Magistrados de las Cámaras Ambientales regresen a sus funciones de inmediato. Porque no había justificación para su traslado porque no sobrepasan ni la edad, ni el tiempo de trabajo, y con eso se evidencia la vulneración al principio de independencia judicial que es un elemento fundamental de la democracia moderna es un Estado constitucional de derecho”, reafirmó González.
Mientras, Omar Flores, abogado de FESPAD, que este movimiento pretende beneficiar a sectores económicos poderosos quienes impulsan proyectos que hacen del medio ambiente una mercancía o moneda de cambio.
“En principio, como organizaciones sociales, sabemos hay una afectación directa con la remoción del magistrado y magistrada, porque estaban resolviendo casos emblemáticos y claro se verán posiblemente afectados, más que todo por los cambios en las líneas jurisprudenciales, de los nuevos funcionarios”, consideró.
“Hacemos referencia a resoluciones como el que protege al río Sensunapan, en el departamento de Sonsonate, donde la población indígena se encuentra esperando justicia. Y si este caso cae tras el cambio de magistrados, es obvio que habrá un impacto negativo a las comunidades.
“Porque los bienes ambientales como el río Sensunapan, no solo es el agua, también conlleva los bienes culturales que se verán afectados porque ellos, han estado reclamando justicia por la herencia ancestral, también y estos sería un ejemplo, de como se verían afectados”, puntualizó Flores.
