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Buenos Aires / Prensa Latina
En medio de la denuncia de persecución judicial, decenas de argentinos se reunieron el lunes en las puertas de la sede de Madres de Plaza de Mayo, quienes recibieron una notificación de allanamiento para un proceso judicial.
Ese colectivo de derechos humanos, presidido por Hebe de Bonafini, advirtió en un comunicado que hoy se hará un procedimiento que tiene como objetivo hacer un inventario de bienes para saldar deudas económicas, pero lo que realmente buscan es acceder al archivo histórico de la agrupación y confiscarlo.
Las aguerridas Madres, algunas ya longevas, señalaron que el juez Fernando Perillo ordenó el allanamiento para el que habilitó la actuación de fuerzas policiales.
El operativo, añadieron, obedece a una presentación del juez Javier Buján, designado rector interventor por el Ministerio de Justicia, quien reclama el archivo histórico de las Madres para su ilegal confiscación, denunciaron.
En las puertas de la casa de las Madres, muy cerca del Congreso argentino, colectivos de derechos humanos con banderas y consignas se sumaron a una especie de abrazo solidario para apoyarlas.
‘No vamos a permitir una clausura de un edificio que es un símbolo como si fuera un supermercado’, apuntó en un mensaje en Twitter el diputado Horacio Pietragalla, uno de los niños robados durante la dictadura militar de 1976 a 1983, quien pudo recuperar su verdadera identidad gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Las Madres manifestaron que ‘el operativo carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos, que no hay motivos de hecho ni de derecho, soslayando toda la legalidad y el Estado de derecho. Tanto es así, añaden, que los superiores del juez Perillo decretaron lo contrario.
‘Ante una nueva embestida que pretende apropiarse del archivo histórico, borrar la memoria del pueblo, de las Madres de Plaza de Mayo y de 30 mil compañeras y compañeros, convocamos a proteger un espacio que es de y para todos’, precisaron estas luchadoras en un comunicado.
Asimismo, agregaron que el archivo pertenece al pueblo. Casi 42 años de lucha y resistencia para construir la memoria colectiva. Un eco de conciencia, un triunfo de la memoria. Esto es lo que el gobierno se quiere apropiar, remarcaron.
