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Bruselas / AFP
La justicia belga decidió el jueves dejar en libertad a dos independentistas catalanes mientras examina la orden de detención cursada por España, como hiciera semanas antes con su líder Carles Puigdemont.
«Nos hemos presentado ante la justicia por tercera vez. Conocen nuestro caso. (…) El juez instructor nos ha dejado en libertad», aseguró a su salida de la sede de la fiscalía de Bruselas Lluís Puig.
El Tribunal Supremo español reclama la entrega de Puig, miembro del ex gobierno regional de Puigdemont, por los delitos de malversación y desobediencia por el intento de secesión de Cataluña en octubre de 2017.
La justicia española reclama a Bélgica también la extradición de otro ex consejero regional Toni Comín, pero en su caso por malversación y el delito más grave de sedición, como en el caso del ex presidente catalán.
Por estos hechos, el tribunal condenó a mediados de octubre a nueve líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, pero no pudo juzgar a estos por haberse marchado al extranjero tras el intento de secesión unilateral.
Comín explicó que todavía no se fijó la fecha para la primera vista sobre la extradición, pero que su objetivo es intentar sumar la causa de ambos a la de Puigdemont, cuya audiencia se postergó de finales de octubre al 16 de diciembre.
«Tratar los casos de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig al mismo tiempo y por el mismo juez sería lógico», explicó su abogado Simon Bekaert, para quien las autoridades españolas «la liaron al no enviar las euroórdenes al mismo tiempo».
Las actuales Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) son las terceras enviadas por la justicia española contra los políticos catalanes. Las primeras, en 2017, las acabaron retirando y Bélgica desestimó la segunda serie meses después por vicios de forma.
Una cuarta independentista Clara Ponsatí, objeto de otra euroorden por sedición, espera desde Escocia, donde reside, el inicio del examen de la solicitud de extradición que se retrasó por problemas con la orden, dijo la víspera su abogado.
«La petición no ofrece suficiente detalle sobre la naturaleza del delito», reza la respuesta remitida a España desde Reino Unido, consultada por la AFP, en la que se urge a las autoridades españolas a solventarlo «de manera urgente».
