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Estados Unidos quiere extraditar a Assange, quien está preso en el Reino Unido desde su arresto en la embajada de Ecuador en abril de 2019, para juzgarlo por 17 cargos de espionaje y uno de conspiración para cometer piratería informática, que en total conllevan una sentencia máxima de 175 años de cárcel.
Las acusaciones tienen como base la publicación en WikiLeaks de miles de archivos secretos que pusieron al descubierto crímenes de guerra cometidos por las tropas norteamericanas en Iraq y Afganistán, y valoraciones comprometedoras hechas por diplomáticos del Departamento de Estado sobre gobiernos y líderes políticos extranjeros, entre otros documentos.
La jueza británica, quien concedió 14 días a la fiscalía estadounidense para apelar su decisión, rechazó, sin embargo, que el caso tuviera un trasfondo político como alegó la defensa a lo largo del juicio.
De acuerdo con Baraitser, la ley de extradición aprobada en 2002 eliminó esa protección del tratado firmado entre el Reino Unido y Estados Unidos, por lo que los motivos políticos no podían invocarse en este caso.
La magistrada también estuvo de acuerdo con la mayoría de las acusaciones de espionaje e incitación a la piratería informática presentadas por el gobierno norteamericano contra Assange, y afirmó que los derechos de libertad de expresión no lo autorizaban a hacer público los archivos secretos.
Incluso consideró que la justicia estadounidense respetaría sus derechos y le garantizaría un juicio justo, contrario a lo argumentado por los defensores del periodista australiano.
Solo al final de la lectura del veredicto fue que Baraitser aceptó la opinión expresada por varios psiquiatras y psicólogos durante el juicio de que Assange sufría de depresión, por lo que existía el riesgo de que atentara contra su vida de ser enviado a Estados Unidos.
La defensa anunció que presentará el miércoles una solicitud para que el ciberactivista sea liberado bajo fianza, una posibilidad que hasta ahora le ha sido negada por la corte británica.
