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Santiago/AFP
La justicia chilena decidió mantener en prisión preventiva a cuatro indígenas mapuches apresados hace año y medio y acusados de incendiar una iglesia y que cumplen este viernes 115 días de huelga de hambre exigiendo ser juzgados bajo la legislación ordinaria y no terrorista.
Ante el deterioro de salud de los huelguistas, el gobierno anunció el miércoles que pediría la modificación de la prisión preventiva para reemplazarla por otra medida cautelar que resguarde de mejor forma la integridad física de los acusados.
Pero en virtud de que «habrían pruebas suficientes de participación» y que la «libertad de los imputados es un peligro para la sociedad», la justicia mantuvo este viernes la prisión preventiva.
Después de «lamentar» el fallo del tribunal de la ciudad sureña de Temuco, el gobierno anunció la noche de este viernes que interpondrá un recurso de amparo y pedirá «recalificar» la aplicación sobre los huelguistas de la severa ley antiterrorista.
El gobierno ha instruido a su equipo jurídico que «en el nuevo escenario que se ha generado ante su precario y riesgoso estado de salud, se proceda a solicitar la recalificación de las conductas objeto de la causa, para someterlas a los delitos que corresponden del código penal», dijo el ministro del Interior, Mariano Fernández.
Doblar la mano
Familiares de los huelguistas, que concurrieron este viernes al palacio de Gobierno en Santiago, celebraron el anuncio y dijeron que en las próximas horas los huelguistas decidirán si depone o no la extensa huelga.
«Le doblamos la mano al gobierno», dijo a la prensa tras el anuncio Cristián Trancal, hijo de uno de los apresados.
En medio de la agudización de las tensiones en la región de La Araucanía, donde se asientan la mayoría de las comunidades mapuche, los cuatro indígenas -Alfredo Tralcal y los hermanos Pablo, Benito y Ariel Trangol- iniciaron hace 115 días su huelga de hambre, reclamando el arranque del juicio en su contra después de casi un año y medio en prisión preventiva.
Los cuatro fueron detenidos el 10 de junio de 2016 acusados por el ataque incendiario a una iglesia evangélica en Padre de Las Casas, aplicándose sobre ellos la severa ley antiterrorista, que triplica las penas respecto a la legislación ordinaria y cuya aplicación sobre mapuches ha sido fuertemente criticada por organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional.
El gobierno anunció que modificará la normativa, que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), llevando los delitos bajo la normativa ordinaria.
Los cuatro acusados han perdido en promedio unos 23 kilos.
Uno de los huelguistas -el lonko o jefe mapuche Alfredo Tralcal- fue trasladado el miércoles hasta el hospital por una afección digestiva, mientras que Benito Trangol dejó de ingerir líquidos hace cuatro días.
La Fiscalía pedió para ellos una pena de 20 años, imputados por «amenaza con arma de fuego, maltrato a feligreses y la quema del templo» evangélico.
En los últimos cuatro años cientos de camiones han sido destruidos y decenas de templos religiosos fueron atacados en el sur de Chile en medio del conflicto entre el Estado y los indígenas mapuches, que reclaman tierras que están en su mayoría en manos de empresas forestales y colonos.
Los mapuches, gente de la tierra en su lengua nativa, fueron los primeros habitantes de Chile y parte de Argentina. Hoy están reducidos a unas 700.000 personas, de los 17,5 millones de habitantes de Chile, con niveles de pobreza mayores a los del resto de la población.
