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Por Miguel Sánchez
Santiago/AFP
La Corte Suprema de Chile ordenó este viernes paralizar la Central Termoeléctrica Bocamina I y II, purchase medicine propiedad de la española Endesa, rx tras acoger un recurso de protección por daños medioambientales y económicos presentado por pescadores de la Bahía de Coronel, en el sur del país.
El máximo tribunal chileno determinó «la existencia de falencias tecnológicas en las bocatomas de la Central Termoeléctrica Bocamina y el consecuente ingreso masivo de organismos a los sistemas de captación de agua de mar», por lo cual ordenó a detener sus actividades, según el fallo al que tuvo acceso la AFP.
La decisión judicial obliga a Endesa a subsanar los problemas para la reanudación del funcionamiento de Bocamina, una central termoeléctrica que produce 750 MW y que aporta el 8% de la energía del Sistema Interconectado Central, que abastece al 94% de la población chilena.
Asimismo, el fallo indica que autoridades ambientales deben fiscalizar la central para «adoptar todas las medidas que las circunstancias determinen, entre ellas la paralización del funcionamiento de la central hasta que se subsane su incorrecta operación».
La empresa española no se ha manifestado sobre el fallo del tribunal chileno.
El fallo deja sin efecto una resolución judicial de diciembre de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Concepción (sur), que había rechazado el recurso de los pescadores de la caleta Lo Rojas, ubicada a unos 550 km al sur de Santiago, vecina a la termoeléctrica a la que acusan de succionar agua del mar y fauna marina, perjudicando además sus actividades pesqueras.
El tribunal de Concepción había determinado la paralización de Bocamina II, una de las dos unidades de generación de electricidad que conforman esta central a carbón, pero la decisión de la Corte Suprema detiene las actividades de toda la instalación.
La resolución dictamina que las fallas tecnológicas en la central y la inexistencia de medidas para no dañar el ecosistema marino durante la succión del agua son un incumplimiento grave a la ley ambiental.
«La compañía recurrida deberá realizar las operaciones de la planta de generación termoeléctrica Bocamina I y II sólo si su funcionamiento no importa en la succión de las aguas amenazadas ni daña a especies y recursos hidrobiológicos», indicó la resolución judicial.
Satisfacción por el fallo
Unos 500 pescadores de la caleta Lo Rojas presentaron el recurso de protección cansados de la situación que les ha generado la presencia de la termoeléctrica, a la cual acusan de haber destruido los recursos hidrobiológicos en la zona, como algas, jaibas, crustáceos y langostinos,
entre otros.
«Estamos satisfechos con el fallo porque Endesa viene generando un daño económico ya que se ha producido la muerte y pérdida del ecosistema marino que sustenta la pesca artesanal, y ha desaparecido progresivamente», dijo a la AFP Lorenzo Soto, abogado de los pescadores.
Según Soto, los pescadores que trabajan en la orilla del mar recolectando mariscos y algas son los más afectados, ya que la central no tiene los equipos para filtrarlos y evitar su muerte.
«Lo único que llega a orillas de la caleta son miles de toneladas de recursos muertos», aseveró Soto.
En marzo de 2013, la justicia chilena paralizó el proyecto de construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde, ubicado en el norte de Chile y también propiedad de Endesa, al acoger un recurso presentado por un grupo de pescadores que lo acusaron de contaminante.
Dicho proyecto había sido aprobado por un consejo de ministros del gobierno chileno en diciembre de 2012, con la condición de que se realizaran ciertos cambios, por ejemplo que se cubriera el área destinada al acopio de residuos.
Los tribunales también han paralizado otros proyectos como la construcción en el norte chileno de la termoeléctrica a carbón Castilla, la más grande de Sudamérica, propiedad del magnate brasileño Eike Batista, y que generaría 2.100 MW, también por contaminación.
Chile es un importador neto de energía, cuya demanda crece anualmente un 7%. Debido a una sequía que se extiende desde hace ya tres años enfrenta actualmente un ajustado escenario energético.
Según un cálculo del gobierno, Chile requiere en dos décadas sumar unos 8.000 MW a su actual capacidad instalada de 16.900 MW.
