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Santiago / AFP
Ana Fernández
Con la citación del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, a declarar como imputado ante la justicia chilena el 21 de agosto se cierra el cerco sobre la alta jerarquía del clero acusada de encubrimiento de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica chilena.
Ezzati tendrá que declarar como imputado por la presunta responsabilidad de encubrimiento de abusos sexuales perpetrados, entre otros, por su mano derecha, el sacerdote Oscar Muñoz, en detención preventiva desde la semana pasada por abuso sexuales a siete menores.
Tras conocer la citación de la fiscalía de Rancagua, epicentro de las investigaciones al clero chileno por abusos, el purpurado emitió un comunicado en el que «reitera su compromiso y el de la Iglesia de Santiago con la búsqueda de la verdad y con el respeto a la justicia civil».
«La Iglesia chilena todavía no logra dimensionar la magnitud de la situación por la que está pasando», pues sigue considerando más bien como «un error o como una negligencia y no como lo que realmente es», un delito penal, dice a la AFP Luis Bahamondes, teólogo de la Universidad de Chile.
Bahamondes estima que Ezzati tiene los días contados en el cargo, al igual que a otros jerarcas, como el cardenal y arzobispo emérito de Santiago Francisco Javier Errázuriz, dos de las mayores figuras de la Iglesia chilena.
En allanamientos en varias diócesis, entre ellas la de Santiago, la fiscalía documentos con denuncias de víctimas que hasta ahora no solo habían permanecido acalladas sino que los responsables seguían sin castigo.
Los abusos de Muñoz salieron a la luz cuando la fiscalía allanó las oficinas de los arzobispados de Santiago y Rancagua el 13 de junio, dende se habrían encontrado las identidades de al menos 40 víctimas de delitos cometidos por religiosos.
Manto de silencio
La decisión del papa Francisco de investigar las denuncias y hablar con las víctimas rompió el muro de silencio que ha rodeado a la jerarquía eclesiástica chilena, acusada de encubrimiento.
En lo que va de año, el papa envió a Chile en dos ocasiones al arzopispo de Malta, Charles Scicluna, que lidera el equipo doctrinal que se encarga de las denuncias de abuso dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Según la fiscalía, por lo menos 158 obispos, sacerdotes y laicos han abusado sexualmente desde 1960 de al menos 266 personas, entre ellas 178 menores de ambos sexos, pero Bahamondes cree que serán muchos más cuando salgan a la luz los documentos incautados.
Cada día, la sociedad chilena asiste atónita a declaraciones desgarradoras de víctimas, como el caso de Constanza Acuña, de 28 años, quien en una entrevista al diario digital El Mostrador, cuenta que a partir de los 10 años y durante una década fue abusada sexual y psicológicamente por el sacerdote Belisario Baldebenito Erices, quien se ganó la amistad de sus padres en una parroquia cerca de Valdivia (centro-sur) para obrar en total impunidad.
El 1 de dicembre de 2017 denunció al sacerdote ante el obispo de Villarrica, Francisco Stegmeier, y puso en copia al obispo Ignacio González, en ese entonces integrante del Consejo de Prevención de Abusos.
Unos días después le contestó el vicario judicial de la diócesis de Villarrica, Alejandro Gutiérrez, para preguntarle por la causa, pero Constanza no quería que fuera él el que se ocupara de su caso porque éste era ahijado de ordenación de su abusador, quien no escatimó amenazas contra ella y a su familia para que retirara la denuncia.
Sólo cuando Scicluna vino a Chile se animó a presentar una denuncia penal a través del Programa de Atención a Víctimas del ministerio de Interior.
Recientemente, el diario La Tercera publicó una carta del ya exobispo de Rancagua Alejandro Goic, escrita en 2013 cuando presidía la Comisión Nacional de Prevención de Abusos. En ella, advertía a su homólogo Ezzati que los abusos «son un pecado gravísimo», «un delito civil», y que no hacer nada para condenarlos convertía a los jerarcas de la iglesia en «cómplices».
Era la época en que -ante la prescripción de los delitos de abusos sexuales en la justicia civil cometidos por el sacerdote Fernando Karadima, que fue apartado de sus funciones por el Vaticano- el escándalo saltaba a la opinión pública ante la insistencia de algunas de sus víctimas.
Ahora, el papa tiene en su mano la suerte de la treintena de obispos que le presentaron su dimisión tras ser convocados al Vaticano en mayo. Hasta el momento, solo ha aceptado la renuncia de cinco -cuatro de ellos por ignorar o encubrir las denuncias- aunque la lista puede aumentar considerablemente en breve, ahora que la justicia ha empezado a cerrarles el cerco.
