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San José / AFP
El máximo tribunal de justicia de Costa Rica declaró inconstitucional una norma que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y ordenó al Congreso, con alta presencia de diputados evangélicos, derogarla en un plazo de 18 meses.
La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer la resolución cerca de la medianoche del miércoles, en la que acogió varios recursos de inconstitucionalidad planteados contra un artículo del Código de Familia que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La decisión se produce siete meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales.
«Se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses (…) adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo», señala la sentencia de la sala constitucional.
El presidente Carlos Alvarado celebró la decisión. «Seguiremos impulsando acciones que garanticen la no discriminación de ninguna persona por su orientación sexual o identidad de género, y la protección del Estado a todas las familias en condiciones de igualdad», escribió en Twitter.
El magistrado Fernando Castillo explicó en conferencia de prensa que el fallo deja vigente por 18 meses la prohibición al matrimonio homosexual, pero que se elimina al cumplirse ese plazo.
«La prohibición (…) se mantiene vigente por 18 meses. Si la asamblea no actúa, desaparece la prohibición, eso está claro», explicó el juez Castillo, el único de los siete integrantes de la sala constitucional que votó por mantener la prohibición.
El fallo fue criticado por activistas de derechos humanos y de la comunidad LGBTI por reconocer sus derechos pero postergar su puesta en vigor.
– «Aberración jurídica» –
«El fallo no tiene sentido, en el fondo lo que hace es dilatar el cumplimiento de nuestros derechos», declaró a periodistas el abogado Marco Castillo, autor de un recurso de inconstitucionalidad contra la prohibición al matrimonio igualitario.
«Que una entidad estatal reconozca que hay discriminación y al mismo tiempo permita que esa discriminación continúe por 18 meses, es una aberración jurídica», reclamó la activista LGBTI Margarita Salas.
La actual Asamblea Legislativa de Costa Rica, instalada tras las elecciones de febrero pasado, tiene 14 legisladores de un conservador partido evangélico entre sus 57 integrantes, la proporción más alta de la historia, lo que hace difícil prever que apruebe modificar las normas que impiden el matrimonio homosexual.
«Veo poco factible que en 18 meses la Asamblea Legislativa resuelva una ley. Lo que va a ocurrir es que la norma va a quedar declarada inconstitucional en 18 meses», vaticinó el diputado Enrique Sánchez, del gobernante Partido Acción Ciudadana.
Sánchez, el primer legislador abiertamente homosexual del país, dijo que algunas parejas podrían recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que plantee un contencioso ante la Corte IDH, lo que expone a Costa Rica a una condena internacional, para obligar al país a anticipar la autorización del matrimonio homosexual.
El legislador Jonathan Prendas, del evangélico Partido Restauración Nacional, se quejó de que el fallo de la sala constitucional no le da margen de decisión a los diputados y les «pone una pistola a la cabeza» para pronunciarse de un manera previamente decidida.
