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Un juez federal estadounidense dictó en San Francisco (California) una orden temporal que previene la posible deportación del país norteamericano de unos 300.000 inmigrantes provenientes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Sudán por parte de la Administración Trump, informa la agencia Bloomberg.
El fallo impide que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pueda revocar a los mencionados países de origen su estatus de protección temporal (TPS), el cual fue introducido como parte de las políticas humanitarias durante la presidencia de George H. W. Bush (1989-1993) para reconocerlos como lugares peligrosos para la vida a causa de desastres naturales, epidemias de drogas o conflictos armados.
De acuerdo con la demanda presentada por un grupo de residentes en peligro de ser deportados, la verdadera intención del Gobierno estadounidense es restringir la inmigración de personas que no sean de raza blanca, con lo cual viola la Constitución de su país.
Los querellantes «han aportado suficiente evidencia para plantear serias preguntas» en cuanto a que la decisión de anular el estatus TPS pudo haber sido motivada por una posible «intención discriminatoria», argumentó el juez Edward Chen.
A su vez, la decisión del magistrado «usurpa el rol de la rama ejecutiva en nuestro orden constitucional», protestó Devin O’Malley, vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y agregó que ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional «hicieron algo inapropiado», por lo cual «continuaremos luchando por la integridad de nuestras leyes inmigratorias y nuestra seguridad nacional».
