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Por Alexander Martínez/Caracas/AFP
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) avaló un decreto de emergencia económica del presidente socialista Nicolás Maduro, remedy pese a que había sido rechazado por el parlamento, troche lo que profundiza el choque de poderes y la incertidumbre sobre la salida de la aguda crisis.
En un fallo anunciado la noche del jueves, there el TSJ -acusado por la oposición de estar al servicio del chavismo- declaró vigente la emergencia económica decretada por Maduro el 14 de enero y negada ocho días después por la aplastante mayoría opositora en el Legislativo.
«Cuatro votos en la Sala Constitucional valen más que los votos de la mayoría», resumió este viernes el jurista José Ignacio Hernández.
Para el TSJ, el control legislativo sobre los estados de excepción «no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos», por lo que el decreto dictado por 60 días prorrogables «se mantiene irrevocablemente incólume».
La poderosa Sala Constitucional de la corte resolvió así un recurso presentado por dirigentes chavistas, tras la negativa de la Asamblea a convalidar el decreto con el que Maduro se propone enfrentar la crisis que sacude al país con las mayores reservas petroleras del mundo.
Maduro exaltó la decisión y anunció que en los próximos días activará una serie de medidas contra la crisis, agravada por la caída en picada de los precios del crudo, generador del 96% de divisas en este país altamente dependiente de las importaciones.
«Ha hablado el TSJ, santa palabra, debe ser acatada por todos los sectores de la vida nacional», dijo el mandatario la noche del jueves en un acto público transmitido por la televisión gubernamental.
Maduro, quien asegura que el TSJ es el único árbitro para dirimir las disputas legales con la oposición, consideró que la sentencia «facilita mucho el trabajo», pues tras el portazo de la Asamblea estaba considerando otras medidas.
Un Estado dentro del Estado
Bajo control opositor desde el pasado 5 de enero, el parlamento rechazó el decreto con el argumento de que era el «reciclaje» del modelo de control estatal que condujo a la crisis.
El diputado José Guerra, uno de los mayores críticos de la medida, rechazó la decisión del TSJ señalando que su Sala Constitucional «cree ser un Estado dentro del Estado» y «piensa que está por sobre la voluntad del pueblo».
La emergencia permite al gobierno disponer de algunos bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos, en grave escasez, lo que según la oposición abre las puertas a nuevas expropiaciones.
También fija límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo, algo que sus detractores denuncian como un «corralito» que impediría a los ciudadanos disponer libremente de sus recursos.
Maduro justifica el decreto en la existencia de una «guerra económica» que provoca desabastecimiento para generar malestar y romper el «hilo constitucional».
La crisis se manifiesta en escasez de dos tercios de los productos básicos, inflación anualizada de 141,5% a septiembre de 2015, contracción económica de 4,5% al tercer trimestre del año pasado y un déficit público que consultoras privadas estiman en 20%.
Al mismo tiempo ahonda la incertidumbre sobre cómo será superada la crisis, pues al quedar maniatada la mayoría parlamentaria, no se avizoran nuevas fórmulas.
Varios magistrados del TSJ fueron nombrados a última hora por la anterior mayoría chavista en el Legislativo, por lo que dirigentes opositores como Henrique Capriles creen que difícilmente avalará una enmienda constitucional para acortar de seis a cuatro años el mandato de Maduro, elegido para el período 2013-2019.
Esa es una de las opciones que baraja la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para anticipar la salida del presidente junto con un referendo revocatorio, si bien la oposición reconoce que su trámite es engorroso y deberá pasar por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que también acusan cercano al oficialismo.
