Por Por Gael Branchereau/Alfons Luna
Madrid/Barcelona/AFP
La jueza española Carmen Lamela podría dictar este viernes una orden de detención internacional contra el presidente independentista catalán destituido Carles Puigdemont, mientras en Cataluña se producían cortes de carreteras en protesta por el encarcelamiento de parte de su gobierno.
La magistrada de la Audiencia Nacional tiene que pronunciarse sobre la demanda de la fiscalía, que el jueves pidió que se emita esa orden de detención particularmente dirigida a Bélgica, donde «se encuentran o al menos han viajado» Puigdemont y sus consejeros.
Lamela actuó el mismo día contra ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, que acudieron al alto tribunal en Madrid, enviándolos a prisión provisional sin fianza al considerar en el auto que jugaron «un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado».
Otorgó libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros para un noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, y que pasó una noche en la cárcel pero ya depositó la suma y recuperará la libertad.
La jueza justificó su decisión por el riesgo de fuga -citando, sin mencionarlo por su nombre, a Puigdemont y su ida a Bélgica-, por la probabilidad de que sigan delinquiendo y de que destruyan pruebas.
Cortes de carreteras en Cataluña
En un corto mensaje emitido por la televisión pública catalana, Puigdemont exigió la liberación de los consejeros y del vicepresidente» Junqueras y «el fin de la represión política».
«Ya no es un asunto interno español, la comunidad internacional y especialmente la comunidad europea debe darse cuenta del peligro que representan estas actitudes», afirmó.
Grupos de manifestantes cortaron brevemente este viernes varias carreteras de Cataluña y una línea de tren en protesta por el encarcelamiento de varios miembros del gobierno independentista destituido.
El Servicio Catalán de Tránsito, el organismo del gobierno catalán encargado del tráfico, anunció en su cuenta en la red social Twitter cortes en cuatro carreteras esta mañana poco antes de las 10:00, hora local, y al cabo de media hora anunció que el bloqueo se había levantado.
Ferrocarriles de la Generalitat, el servicio ferroviario catalán, informó por su parte de la ocupación de las vías en la estación de Sant Cugat, cerca de Barcelona, lo que provocó retrasos. El servicio se normalizó dos horas después.
Finalmente, un grupo de manifestantes cortó una de las principales arterias de Barcelona a su entrada en la ciudad: «¡Ahora mismo estamos cortando la Gran Vía!», anunció en su cuenta de Twitter Arran, una organización juvenil independentista, noticia ilustrada con la foto del corte protagonizado por varias decenas de personas, algunas con la bandera independentista catalana.
Entre tanto, las empresas siguen trasladándose fuera de Cataluña en respuesta a la grave crisis política: 1.982 se fueron desde principios de octubre, según datos del Colegio de Registradores.
Independentistas cuestionan a la justicia
El encarcelamiento de nueve miembros del gobierno catalán depuesto el jueves por la noche dio pie al anuncio de una semana de manifestaciones que concluirá con una gran protesta el 12 de noviembre en Barcelona.
Los independentistas creen que tras el encarcelamiento está la mano del gobierno central de Mariano Rajoy y que pone en duda que en España la justicia sea independiente.
«No es justicia, es dictadura», gritaban las 20.000 personas -según la guardia urbana- que el jueves se congregaron frente al parlamento en Barcelona.
El Partido Popular (PP) de Rajoy se defendió de las acusaciones. En una entrevista con la radio Cadena SER, el vicesecretario de comunicaciones del partido, Pablo Casado, dijo que «en cualquier democracia consolidada, un desafío al Estado de Derecho tiene consecuencias, también por la vía penal no solo Constitucional».
Además, la medida judicial reabrirá el debate en filas independentistas y de la izquierda sobre la conveniencia de participar en las elecciones regionales del 21 de diciembre convocadas por el jefe del gobierno central Mariano Rajoy, en virtud del poder de intervenir la administración de una región que desobedece las leyes y que le otorga el artículo 155 de la Constitución.