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Ciudad de Guatemala / AFP
Henry Morales
Un tribunal guatemalteco suspendió temporalmente el viernes una orden de expulsar a 10 funcionarios de una misión antimafias de la ONU, a quienes el gobierno les revocó las visas y retiró la inmunidad diplomática, aunque se informó que ya han salido del país.
El juzgado emitió un «amparo provisional» a favor de la Fundación Myrna Mack para frenar la medida del gobierno contra investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que ha pedido investigar al presidente Jimmy Morales por sospechas de corrupción en su campaña de 2015.
Los funcionarios habían sido notificados el martes por el gobierno de que tenían 72 horas para abandonar el país centroamericano.
El gobierno les revocó en octubre pasado las visas de cortesía, con lo cual perdieron «los privilegios e inmunidades» que les permitían seguir en Guatemala.
Inicialmente, la orden del gobierno se extendía a 11 investigadores de la Cicig, pero la medida no aplicaría para uno de ellos por asuntos familiares, según la prensa local.
«Se decreta el amparo provisional solicitado, en el sentido que se deja en suspenso» la orden de abandonar el país, señaló la resolución judicial, que abre la posibilidad de que los funcionarios de la Cicig, que ya se fueron, puedan retornar a Guatemala.
El tribunal constitucional también anunció que analizará varias acciones presentadas por miembros de la sociedad civil que pretenden revertir la orden del gobierno de Morales.
Por su lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la expulsión y señaló que los investigadores y abogados de la Cicig realizan un «trabajo integral para el cumplimiento de su mandato» y el «fortalecimiento del Estado de Derecho» en Guatemala.
– «Merecidas vacaciones» –
De acuerdo con Matías Ponce, vocero de la Cicig, los funcionarios internacionales de la Comisión no fueron expulsados sino que salieron de «vacaciones».
«Merecidas vacaciones al personal de la Cicig. Somos muchas las personas que valoramos y agradecemos enormemente todo su esfuerzo en apoyarnos para combatir la corrupción e impunidad», tuiteó por su parte el ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas.
El ente de la ONU ha señalado que la medida contra los investigadores «busca afectar la independencia» en su trabajo para atacar a los grupos criminales.
Morales, un excomediante de televisión de 49 años, mantiene desde agosto de 2017 una posición hostil contra la Cicig, luego de que la comisión y la fiscalía pidieran quitarle los fueros presidenciales para investigar sospechas de financiamiento electoral ilícito en su campaña de 2015.
El gobernante derechista acusó al exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, de sobrepasar sus funciones y ordenó expulsarlo del país, por lo que en septiembre le impidió ingresar a Guatemala tras un viaje a Estados Unidos.
En agosto, Morales había anunciado que no pediría una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que funciona desde 2007.
El gobierno guatemalteco sostiene que Velásquez y la comisión son una «amenaza a la paz».
La Cicig cobró relevancia en 2015, tras revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa, además de dar luz a otros casos de corrupción.
