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Ciudad de Guatemala / AFP
El máximo tribunal de Guatemala prohibió temporalmente al Congreso discutir el proyecto de ley para amnistiar a responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1960-1996), informó el viernes una organización que representa a víctimas del conflicto.
«Se deja en suspenso, mientras se dicta la sentencia respectiva, el procedimiento de formación, sanción y promulgación» de la iniciativa de ampliación de la amnistía que modificaría la Ley de Reconciliación Nacional, señaló la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) divulgada por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), una de las organizaciones sociales que se querellaron contra el proyecto.
La Ley de Reconciliación Nacional fue aprobada tras el fin de la guerra y otorgó amnistía a militares y guerrilleros que no hubieran cometido delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura y desaparición forzada.
Hasta la decisión de la CC, el proyecto de ley se encontraba en la recta final para su aprobación definitiva, pendiente de la votación del Congreso y de la firma del presidente.
Los congresistas que la impulsan, entre ellos militares jubilados, argumentan que la reforma tiene como objetivo promover la reconciliación, pero los detractores de la iniciativa advierten que solo buscan impunidad a los crímenes cometidos durante la guerra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó en marzo al Estado de Guatemala a detener el proceso de aprobación de amnistía y, ese mismo mes, el Parlamento Europeo pidió al Congreso guatemalteco rechazar las reformas. Estados Unidos y expertos de la ONU también ha mostrado su preocupación por la iniciativa.
La Guerra Civil guatemalteca dejó 200.000 muertos y desaparecidos, reveló en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU. La mayor parte de las atrocidades fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado.
De aprobarse la amnistía, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad.
