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Por Henry Morales Arana
Ciudad de Guatemala/AFP
El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt enfrentará desde el lunes un nuevo juicio por el genocidio de indígenas en el norte del país durante su régimen de facto entre 1982 y 1983, viagra una de las épocas más cruentas de la guerra civil.
El octogenario general retirado será sometido de nuevo a la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), discount la máxima instancia judicial de Guatemala, and anulara la condena de 80 años de prisión por genocidio impuesta el 10 de mayo de 2013 por otro tribunal, al argumentar errores procesales.
Junto a Ríos Montt también será procesado su exjefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, absuelto en el primer juicio.
«Ya se demostró que se cometió genocidio en Guatemala y esperamos otra sentencia» condenatoria, dijo a la AFP Héctor Reyes, abogado de sobrevivientes y familiares de las víctimas de matanzas ocurridas en la región ixil, en el norteño departamento de Quiché, atribuidas al régimen de Ríos Montt.
Según la acusación de la Fiscalía y querellantes en el proceso, el exdictador de 88 años orquestó una política de exterminio contra el pueblo indígena, al que señalaba de colaborar con las guerrillas izquierdistas durante el conflicto armado.
«Solo en el periodo de Ríos Montt» del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983 «fueron asesinados un aproximado de 1.771 indígenas del grupo étnico maya-ixil, sin contar los otros grupos étnicos mayas», agregó Reyes.
Estrategia de retraso
El martes pasado, la defensa de Ríos Montt interpuso una solicitud para separar a la jueza Janeth Váldez, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo del proceso por genocidio, tras señalar que la jurista tiene una «opinión parcializada» del caso.
Luis Rosales, abogado del militar, basa su argumento en una tesis académica elaborada por Váldez en 2004 sobre el genocidio en Guatemala en la que «se refiere por nombre y apellido al general Ríos (Montt)», a quien imputa la responsabilidad de graves violaciones a los derechos humanos.
Para Reyes, abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), recusar a la jueza a pocos días de arrancar el juicio es una estrategia para aplazar el debate.
«Definitivamente esta es una estrategia para retrasar el inicio del proceso, sabemos que este caso siempre estará permeado por algunas acciones jurídicas que van a plantearse para intentar retrasarlo», declaró Reyes.
El planteamiento del defensor de Ríos Montt no ha sido resuelto, por lo cual el tribunal mantiene vigente el inicio del debate para el próximo lunes.
Ríos Montt también solicitó ausentarse durante el debate, tras aducir padecimientos en la columna vertebral debido a su avanzada edad, además de problemas cardíacos y oftalmológicos.
Amnistía, solicitud pendiente
En paralelo al juicio, Ríos Montt espera que la justicia guatemalteca decida si le otorga una amnistía concedida a militares e insurgentes en 1986, aplicable a los delitos cometidos durante la guerra a partir de 1982.
En octubre de 2013, la CC aceptó un recurso a favor de Ríos Montt y pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exponer los argumentos por los cuales un juzgado le denegó la amnistía al exdictador en marzo de 2012.
Sin embargo, el expediente ha pasado por varias salas de apelaciones debido a que casi un centenar de magistrados se han excusado de conocer la orden del ente constitucional o han sido recusados por querellantes y abogados de Ríos Montt.
El decreto de amnistía que la defensa quiere aplicar fue firmado por el también exdictador Óscar Mejía (1983-1986), quien derrocó a Ríos Montt.
No obstante, la Ley de Reconciliación Nacional aprobada en 1996 dejaba sin efecto las anteriores y determinaba que el genocidio y violaciones de lesa humanidad no prescriben.
La guerra civil guatemalteca causó unos 200.000 muertos o desaparecidos entre 1960 y 1996, con más del 90% de los crímenes atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado, según reveló una comisión de la verdad auspiciada por la ONU en 1999.
