Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
@arpassv
La Policía Nacional Civil (PNC), sovaldi con apoyo de la INTERPOL, inició el pasado fin de semana el operativo de detención de los ex militares requeridos por la Audiencia Nacional de España para ser juzgados por el asesinato de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró y demás sacerdotes jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras.
De los diecisiete acusados por el horrendo crimen, cometido en noviembre de 1989 por elementos de la Fuerza Armada, únicamente han sido capturados cuatro, el de más alto rango es el coronel Guillermo Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar cuando se perpetró la masacre. Los generales Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y demás ex jefes militares involucrados están prófugos.
Las detenciones se dieron horas después de que un tribunal estadounidense autorizara la extradición del coronel Inocente Orlando Montano, ex miembro de la cúpula castrense vinculada al asesinato de los sacerdotes jesuitas, también solicitado por la Audiencia Nacional de España.
Lo esperable ahora es que la Policía realice las capturas pendientes y la Corte Suprema de Justicia autorice la extradición de los ex militares detenidos, ante el pedido que formalizó ayer el juez español Eloy Velasco. La Corte debe cumplir los compromisos del Estado salvadoreño con los principios e instancias de la justicia universal y, así, avalar inmediatamente la extradición de los acusados.
Esperable es también que la derecha más recalcitrante se comporte y que el país rechace cualquier escaramuza de desestabilización que los defensores, encubridores y cómplices de los ex militares asesinos quieran impulsar.
Especial rechazo nacional merecen la conspiracioncita que intentan los autores de la ominosa Ley de Amnistía (ARENA-PCN-PDC) publicando comunicados amenazantes y las presiones que ex ministros de Defensa mantienen contra la Sala Constitucional. Estos inescrupulosos ex funcionarios areneros exigen la admisión de un recurso de habeas corpus que libere a los capturados y evite la detención de los prófugos.
El país también debe condenar enérgicamente las descalificaciones y ataques contra el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, quien destaca por su actitud valiente en la búsqueda de justicia en éste y otros crímenes de lesa humanidad. ¡Adelante Procurador!, las fuerzas de la injusticia y del mal no prevalecerán.
