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Bogotá / AFP
La justicia de Colombia ordenó medidas de protección en parques naturales de la Amazonía en un intento por frenar la deforestación y las quemas de bosques nativos, informó el martes la fiscalía.
Las determinaciones obligan a distintas autoridades a detener los asentamientos humanos, limitar la ganadería y suspender créditos estatales para proyectos agropecuarios en los parques naturales de Tinigua y Los Picachos, indicó el organismo en un comunicado.
Ubicadas en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, en esas zonas protegidas hay una «acelerada pérdida de bosque nativo» y quemas, agregó.
«Queda prohibido el ingreso, movilización y comercialización de ganado en los parques naturales de la región, entre otras medidas para frenar los asentamientos humanos y la destrucción del área protegida», reza el texto.
Las medidas fueron solicitadas por la fiscalía ante jueces del Caquetá en medio de audiencias de judicialización a veinte personas señaladas de invadir zonas de reserva y deforestar, en cinco años, más de 1.800 hectáreas de selva para desarrollar proyectos agropecuarios.
Con una extensión de 447.740 hectáreas, el parque Los Picachos es considerado uno de los sitios «más completos y biodiversos» de Colombia por conectar Los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Su ecosistema incluye páramos, bosque húmedo andino, selva húmeda y bosque inundable, según el estatal Parques Nacionales.
El Tinigua, en tanto, comprende un área de 214.362 hectáreas de bosque inundable y selva húmeda en el departamento del Meta.
En 2018, se deforestaron más de 197.000 hectáreas de bosque en Colombia, principalmente en la Amazonía.
Además de la tala indiscriminada, asociada principalmente a la ampliación de la frontera agrícola, la minería ilegal y el cultivo de coca acechan la riqueza natural.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó el lunes que la fuerza pública endurecerá sus acciones en esas zonas protegidas luego de que el fin de semana un incendio destruyera unas 700 hectáreas del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena (sur).
Trujillo responsabilizó de ese «crimen contra el medioambiente» a rebeldes que se marginaron del acuerdo de paz de 2016, que desarmó y transformó en partido político a la exguerrilla comunista FARC.
Según la versión oficial, los grupos armados queman bosque para sembrar coca. La ofensiva se suma a la Operación Artemisa, anunciada por el presidente Iván Duque el año pasado para combatir la deforestación.
Casi un 5% de las 169.000 hectáreas de narcocultivos que había en Colombia hasta 2018 estaban en áreas protegidas, según cifras oficiales. El país es el mayor proveedor mundial de la cocaína que se consume principalmente en Estados Unidos y Europa.
