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José M. Tojeira
Este lunes recién pasado, ayer, celebró la ONU el Día Mundial de la Justicia Social. El lema para este año era “Prevenir los conflictos y mantener la paz con el trabajo decente”. Cuando en 2007 se aceptó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el denominar el 20 de Febrero como día de la justicia social, El Salvador votó a favor. Pero entre el voto y la realización ya sabemos que suele haber una buena distancia. De todas maneras, hoy que estamos hablando de diálogo, y que además lo necesitamos, bueno es que unamos el tema de la Justicia Social al diálogo que deseamos tener y que cuenta en estos momentos con el apoyo de la misma ONU. La presencia de un facilitador del diálogo entre nosotros nos compromete todavía más a ser coherentes con el voto que dimos a favor del día mencionado.
La Justicia Social, en general, está históricamente muy vinculada al trabajo decente y al salario digno. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, la tiene como elemento básico de su actuar. El desgarramiento producido en algunos sectores salvadoreños por los últimos aumentos del salario mínimo muestran las dificultades que existen en El Salvador a la hora de pensar en la justicia social. Ya en el 2008 el Programa de las Naciones Unidas en su Informe de Desarrollo Humano para El Salvador insistía en que un salario decente para una familia de cuatro miembros debía rondar los 500 dólares. Incluso avanzar lentamente hacia esa cantidad parece delito para algunos. Y aunque este enfrentamiento no es el fundamental hoy en la sociedad salvadoreña, sí tiene relación con las dificultades para el diálogo que existen en El Salvador. Si no somos capaces de superar desigualdades económicas y sociales, los problemas de todo tipo, incluida la violencia y la corrupción, seguirán asolándonos.
Vivimos en un país con grandes desigualdades. Incluso salarialmente se tiende a establecer una diferencia entre salarios máximos y salarios mínimos que es vergonzosa, especialmente cuando se dan dentro de las instituciones del Estado. En la PNC, por poner un ejemplo, los agentes recién incorporados ganan la mitad que los mandos recién incorporados, mientras que en los países desarrollados y con buenas y efectivas policías la diferencia salarial entre ambos rangos no pasa del 20%. A pesar del mal salario son los agentes los que mas sufren el impacto de la violencia e incluso los que son llevados a juicio cuando hay abuso de fuerza de parte de la instancia policial. En general este tipo de desigualdades está en la base de muchos de nuestros problemas. Está en la educación, en la salud, en la protección social, en la seguridad, en la vivienda, en el acceso al agua, al saneamiento y en otros muchos factores en los que la desigualdad es escandalosa.
La justicia social tiende siempre a atemperar las desigualdades. Y tal vez por ello no es un término frecuente en nuestros discursos. La justicia social es muy abarcante y es posible que asuste no solo a sectores que no quieren prescindir de privilegios exagerados, sino a otros sectores de población que piensan que igualar es empobrecer a todos, o que simplemente creen que la justicia social es imposible y que cada uno se las debe componer como pueda. Sin embargo, la justicia social, cuando ha sido aplicada racionalmente, ha resuelto graves desigualdades en las naciones, ha estabilizado la convivencia social y ha logrado el desarrollo equilibrado de las grandes mayorías.
En ese contexto el diálogo nacional tiene que pasar por el esfuerzo de avanzar en justicia social. Es muy posible que no alcancemos ni siquiera visiones de conjunto como las que se lograron en el plan de nación elaborado en tiempo de Calderón Sol y tirado a la papelera en el gobierno siguiente. Pero sí podemos y necesitamos lograr algunos acuerdos que rompan en la práctica, más que en el discurso, la parálisis polarizada en la que actualmente estamos. El hecho de lograr dos, tres o cuatro acuerdos nos daría a todos esperanza y rompería la tónica de enfrentamiento en la que nos movemos y que a casi nadie beneficia. E indudablemente, esos acuerdos tendrán que tener alguna dimensión relacionada con la justicia social. Es ahí donde debemos poner el empeño, precisamente porque es ahí donde más fallamos. En normativa electoral podemos y hemos llegado a múltiples acuerdos, lo mismo que en otros temas de los derechos políticos y civiles. Pero en los derechos económicos y sociales, precisamente ahí donde funciona y se mueve la justicia social, es donde hemos tenido menores logros. Salir del empantanamiento actual significa lograr algunos acuerdos en ese universo.
Hacen falta acuerdos pero que no se queden en el papel. Acuerdos que vayan acompañados de indicadores, de auditoría social y ciudadana y que contribuyan al desarrollo social y económico de nuestra gente. No podemos contentarnos con que el sector que más crece sea el que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo llama el sector vulnerable. Necesitamos una clase media amplia y estable y una cobertura de derechos económicos y sociales que proteja de hecho a toda la población. Tal vez en este período de diálogo, tan pegado a movimientos electorales no podamos conseguir demasiados acuerdos. Pero el hecho simple de conseguir unos cuantos concretos y eficaces nos abrirá a un futuro distinto, a una continuación de nuestra capacidad de diálogo y a un entender con una mente más abierta lo que es la justicia social. Los beneficiados seremos todos.
