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Silvia Orellana
@DiarioColatino
“Queremos reivindicar la justicia climática frente a una amenaza global que es latente y que poco o nada se hace por la resiliencia para enfrentar este tipo de desastres que demuestran lo vulnerable que somos, lo expuestos que estamos y la incapacidad de los Estados para erradicar este problema”, manifestó, Carolina Amaya, de la UNES.
En el marco del XII Encuentro Regional del Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!, se desarrolló el “Foro País: De la Crisis Climática a la Acción Social, un Llamado Urgente a la Justicia Socio-Ambiental”, en el que participaron la MPGR, UNES, CCNIS, FUNDASAL, CRGR, Red Mujeres Feministas de El Salvador y la Campaña de Justicia Climática.
El evento que fue simultáneo en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, demandó de la acción social ante la COP 26 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) , que se realizará en la ciudad de Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre al 12 de noviembre del presente año.
“Los informes científicos del IPCC ( Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) no auguran una buena vibra para El Salvador, ni para la región centroamericana. Y mucho menos, para los países que año con año sufren los impactos de la crisis climática como lo que vivimos con las tormentas ETA e IOTA”, dijo Amaya.
“Los aportes hasta ahora de los países en el marco Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC ), la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), dicen que no son suficientes de llegar a concretarse esa contribución, la temperatura medio global puede subir 2.7 grados centígrados”, explicó Amaya.
Se puso en perspectiva el caso de El Salvador, por el aumento de 1o centígrado, que generó tormentas tropicales como Amanda y Cristóbal, y precipitaciones de hasta mil milímetros de una lluvia, cuando la media de un año en el país es de 1,800 milímetros. En esa lógica, Amaya cuestionó los impactos que tendría una temperatura de 2.7 grados.
“En un escenario así, ninguna adaptación es posible y en el marco de ese escenario hay un punto importante que nosotros queremos recalcar para El Salvador y la región centroamericana, que es el tema de la migración, porque no estamos preparados para resistir las afectaciones y el aumento de los desplazamientos porque no contamos con políticas públicas”, subrayó.
Aracely Solórzano, de la Red de Mujeres Ecofeministas, reiteró que como sociedad civil organizada defienden la “justicia y la vida de los seres humanos”, por lo tanto, se pronunciaban por la soberanía hídrica para el país y exigían del gobierno del presidente Nayib Bukele transformar el actual concepto de “desarrollo” a fin de invertir en la conservación del medio ambiente y la previsión del desastre.
“Tenemos 5 puntos no negociables sobre la Ley General de Agua y Saneamiento, porque en nuestro país, en la actual coyuntura, la justicia es lo que menos se está empleando. Un gobierno que no ha permitido dialogar con su pueblo, eso significa grandes atropellos y violaciones con el agua”, agregó Solórzano.
“Y las grandes contaminaciones de las aguas superficiales y siempre el Capitalismo robándonos el agua ¿Cómo puede ser que pretendan aprobar una ley sin ningún enfoque de género?, no lo entendemos, cuando saben que somos el 53% de la población de este país”, agregó Solórzano.
En cuanto a la jerarquía de prioridades en el tema del agua del Estado salvadoreño, Solórzano planteó la formulación y ejecución de planes de gestión sustentable de las cuencas hidrográficas y establecer diálogos y coordinación con las partes involucradas en los territorios.
“No podemos apoyar la falta de agua en comunidades versus los beneficios de empresas extractivistas, no podemos aprobar esos permisos de 5 a 15 años para extraer agua. Y no se puede hablar de justicia frente al cambio climático, por eso, pedimos a la población reaccionar y proteja el derecho humano al agua, como primera prioridad”, pidió Solórzano.
Eduardo González, de la MPGR, reafirmó que que los problemas políticos y sociales, como la violencia, discriminación, la desigualdad y los conflictos, entre otros desafíos, deberán ser abordados de forma integral abordando la realidad nacional en materia de derechos humanos.
“Los más de 200 autores del 6to Informe del IPCC, confirmaron que la evidencia de los cambios observados en los eventos climáticos extremos impulsados por el cambio climático se han fortalecido desde el informe anterior en 2018”, agregó González.
“Y en esta situación de crisis de derechos humanos, toda la región centroamericana se ve agravada por las restricciones establecidas a nivel nacional y las medidas para afrontar la pandemia del COVID 19”, dijo González. En cuanto a la crisis climáticas y la pandemia, Andrea Padilla, de la UNES, consideró, que evidencia el déficit en materia de “gestión pública” del actual gobierno que traslada la resolución de los impactos a la población.
“Son las mujeres a quienes se les obliga por la hetero, norma a incrementar las tareas del cuidado a la familia y de forma general a la sociedad. Las múltiples crisis y de forma concreta las tenemos en las recientes afectaciones por huracanes en la región, han venido a reforzar, estereotipos y roles tradicionales de género asociados al papel de la mujer, así como la cultura patriarcal, reafirmando desiguales de relaciones de poder”, puntualizó.
