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German Rosa, s.j.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica (CVR) comenzó un proceso de justicia transicional que ha mostrado grandes aciertos pero también dificultades para la aplicación de la misma.
La CVR señaló que las víctimas del régimen del apartheid deberían tener una reparación de los daños causados y una rehabilitación: “Las víctimas tienen que ser compensadas de alguna manera, debido a que el proceso de amnistía significa que pierden el derecho a reclamar una indemnización a los autores a quienes se les da amnistía” (Brankovic, J. 2016. “Questioning the Model: Transitional Justice in South Africa Arter the TCR” en Transitional Justice In Post – Conflict Societies In Africa. Nairobi: Paulines Multimedia, p. 130).
No se puede olvidar que la reparación y la rehabilitación de las víctimas es un pilar de la justicia transicional. Sin embargo, este tema fue considerado como secundario, porque se centró más en la negociación de la amnistía. No obstante, la CVR recomendó que tanto de manera individual como colectiva la reparación debía ser garantizada de cinco formas, mediante: a) pagos para las víctimas que necesitan ayuda o asistencia de emergencia; b) subvenciones en función de la magnitud del sufrimiento, en los costos de la vida diaria y el acceso a los servicios en su área, a víctimas o a familiares de víctimas fallecidas, a ser pagados a plazos de seis meses durante seis años; c) reparaciones simbólicas, tales como lugares de la memoria; un día nacional de la memoria; la concesión de los certificados de defunción; el cambio de nombre de los lugares públicos; d) rehabilitación de comunidades, incluyendo el reasentamiento de los desplazados; la rehabilitación de los agresores y sus familias, los servicios de asesoramiento de trauma, y la construcción de escuelas; y e) reformas institucionales para garantizar la no repetición de las violaciones (Cfr. Brankovic, 2016, p. 130).
Esto supuso la creación de un fondo gubernamental y un servicio institucional para la coordinación y la prestación de los pagos de reparaciones, financiado a través de donaciones internacionales y el presupuesto nacional, junto con los intereses obtenidos a través del propio fondo, y también, de algún tipo de tributación de los beneficios ilegítimos realizados por las empresas y los individuos durante los años del apartheid. Analicemos cómo se han ido realizando los procesos de la justicia transicional, el rol de las instituciones del Estado, y la necesidad de resolver las injusticias socioeconómicas en Sudáfrica.
1) El proceso de la justicia transicional y la responsabilidad del Estado
Inicialmente el gobierno hizo una entrega de fondos mínimos a las víctimas del régimen del apartheid. Unos años después de concluir el trabajo de la CVR hizo la entrega programada de fondos a las víctimas. Cuando Mbeki, político sudafricano que fue Presidente entre 1999 y 2008, anunció finalmente el programa de reparaciones, después de una campaña sostenida por el grupo Khulumani y otros grupos de la sociedad civil, se demostró que al ofrecer sólo una fracción de las reparaciones recomendadas por la CVR, la concesión de un pago por única vez de R 30,000 (US $ 4.830) a las víctimas registradas en la CVR, no se aplicaba la recomendación de rehabilitación comunitaria (reparaciones colectivas). De hecho se ha centrado en las reparaciones individuales, incluso en aquellas que no tuvieron oportunidad de ser registradas por la misma CVR, pero se ha dejado al margen las reparaciones colectivas.
El Grupo de Apoyo Khulumani es una organización de aproximadamente 85.000 víctimas y sobrevivientes del apartheid que sufrieron violaciones graves de los derechos humanos en Sudáfrica. Iniciado por sobrevivientes que testificaron en la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Khulumani se ha convertido en un movimiento reconocido a nivel mundial que conserva la memoria, promueve la lucha por las reparaciones, e invita a participar a la ciudadanía activa en los países que están saliendo de un conflicto (Cfr. https://www.linkedin.com/company/khulumani-support-group).
La promesa de la reparación colectiva no se ha cumplido y evidencia que el gobierno ha sido insensible a este tema a lo largo de los años. De hecho se ha apostado por la inversión en infraestructura en 18 municipios seleccionados de las 128 comunidades identificadas por la CVR como lugares de intensa violencia y destrucción bajo el apartheid, pero no se ha indemnizado a las víctimas. El gobierno acordó proporcionar fondos para la asistencia educativa a las víctimas y sus familias en 2014, no obstante, más de una década después del cierre de la CVR no se ha realizado, mientras se emplean los fondos de reparación de las víctimas para mejoras de infraestructura. Los daños causados a las víctimas a través de la falta de acciones judiciales y una reparación adecuada se ven agravados por el acoplamiento con el problema de las injusticias socioeconómicas sin asumir el legado tanto de la CVR como de otras instituciones creadas para superar los daños causado por el régimen del apartheid (Cfr. Brankovic, 2016, p. 132).
2) La justicia transicional iniciada por la CVR y la necesidad de resolver las injusticias socioeconómicas
La CVR se centró en los delitos cometidos en contra de los derechos político-civiles y de la integridad física de las personas: el asesinato, el secuestro, la tortura o los malos tratos graves de cualquier persona; o cualquier intento de conspiración, incitación, instigación, etc. Sin embargo, fue criticada porque se centró en los males causados por los responsables del apartheid, sin darle la atención debida a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. En sentido más amplio, no atendió a la violencia estructural que sustentó el sistema del apartheid. Este es un tema pendiente para ser abordado por las instituciones del gobierno o por el mismo Estado.
La CVR inició el procesamiento de los delitos y los crímenes del apartheid, el cual debía tener seguimiento después de haber concluido su labor con el tema de las causas estructurales del régimen mismo del apartheid. Sin embargo, el mismo gobierno aplicó políticas macroeconómicas neoliberales estableciendo un divorcio entre el desarrollo social y el crecimiento económico. De este modo se benefició a los sudafricanos que tienen altos índices de educación y habilidades, fomentando la desigualdad en la sociedad: “Aunque muchas personas han visto su situación económica mejorar, la alta desigualdad del país ha aumentado desde la transición, la gran mayoría de la población continúa siendo excluida de la vida económica como resultado de los bajos niveles de la educación y de las competencias, así como otros factores históricos y estructurales como los que padecen quienes viven lejos de los centros económicos” (Brankovic, 2016, p. 134).
El tema del desarrollo humano desigual y de las desventajas comparativas es muy propio del contexto de Sudáfrica, después del trabajo realizado por la CVR. Esto lo subrayan los estudios realizados en años recientes. Por ejemplo, en 2011 el Instituto para la Justicia y la Reconciliación encontró que el desempleo dentro de los grupos raciales sigue siendo extremadamente alto, tanto para los grupos africanos y los grupos de color, con el 29% y 22,6%, respectivamente, y mucho menor para los grupos indios y blancos, con el 11,5% y 5%, respectivamente.
Otro estudio encontró que en el año 2012 los sudafricanos negros podrían esperar recibir 13 centavos por cada rand (unidad monetaria de curso legal en Sudáfrica) recibido por los sudafricanos blancos. Además, la esperanza media de vida de los sudafricanos negros es de 45 años, y 74 años para los sudafricanos blancos. Es importante tener en cuenta que la gran mayoría de las víctimas de la era del apartheid continúan su lucha por las reparaciones y la justicia social en las mismas condiciones socioeconómicas que se enfrentaron durante el apartheid (Cfr. Brankovic, 2016, pp. 134-135). Aunque el gobierno democrático actual adoptó una constitución que garantiza los derechos sociales, económicos y culturales de todos, en la práctica, el ejecutivo y el legislativo han sido lentos para permitir la aplicación de esos derechos. El poder judicial, en particular los tribunales superiores y el Tribunal Constitucional, ha optado en gran medida por evitar enfrentamientos con el ejecutivo. Cuando los tribunales han asumido una postura en defensa de los derechos socioeconómicos en materia de vivienda y saneamiento, el gobierno ha adoptado un enfoque más conservador en la aplicación de tales resoluciones. De esta manera se socava sutilmente la autoridad de los tribunales.
3) Haciendo la cosecha de algunos de los aportes de la CVR y la justicia transicional en Sudáfrica
La CVR inició un proceso muy importante para la sociedad en Sudáfrica. Sin embargo, si no se le da seguimiento quedará truncado e inconcluso.
La justicia transicional en Sudáfrica ha mostrado que no se pueden tratar solamente los crímenes, ni los delitos cometidos durante el régimen del apartheid, desvinculados de la necesaria justicia socioeconómica que se clama en el país. De lo contrario, se da el incremento evidente de la desigualdad social. En este caso se puede argumentar que la CVR comenzó un proceso que hizo hincapié en las violaciones de la integridad corporal sobre las violaciones socioeconómicas generalizadas del apartheid. Esto ha dado lugar a cuestionar una actitud cómoda frente a las injusticias estructurales que se han normalizado y legitimado tácitamente teniendo su continuidad en el presente.
La justicia transicional, teniendo en cuenta la naturaleza de la CVR, nos sugiere que los casos tratados desde la perspectiva de la reparación, han dado lugar a la búsqueda de una justicia socioeconómica, cosa que no ha concluido pero que ya ha comenzado a plantearse desde la sociedad civil y también desde las mismas instancias del Estado. Ciertamente que lo que no se ha concluido, y que son materias pendientes, son ahora tareas de las instituciones del Estado. Pero se pone en evidencia una vez más, que las personas afectadas son sobre todo las víctimas del régimen del apartheid, que esperan se haga justicia y, además, se hagan los cambios fundamentales para cambiar su situación de pobreza.
En el presente, el Estado de Sudáfrica y la sociedad civil deben continuar la rendición de cuentas, la reparación, y las agendas de reconciliación iniciados por la CVR.
Hay algunas afinidades y divergencias entre el proceso que realizó la CVR en Sudáfrica con el que hemos vivido en El Salvador, teniendo en cuenta las particularidades o lo específico de ambas historias. Ambos procesos apuntan a que lo iniciado con la CVR no sea considerado como un tema concluido. La CVR ha dado lugar en la historia de Sudáfrica como en El Salvador, a un procesos para continuar un camino que nos lleve a hacer posible la justicia para las víctimas y para las personas afectadas por los conflictos sociales; además, debe dar continuidad al juicio de los casos y la reparación de los daños causados en los contextos históricos de ambos pueblos.
La CVR de Sudáfrica es un modelo sugerente para analizar sus aciertos y sus desaciertos. De todos modos, a pesar de sus imperfecciones ha hecho grandes aportes en esa búsqueda de la justicia para las víctimas y la reconciliación en la sociedad.
