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ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL PROGRESO SOCIAL – CIDEP –
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los derechos básicos e inalienables de todas y cada una de las personas es el ideal común al que aspiran todas las naciones y pueblos del mundo.
En el marco de esta conmemoración es importante reconocer que el país necesita una reforma tributaria para que el Estado aumente sus ingresos y pueda garantizar los derechos humanos de la población, sildenafil es decir, el acceso al empleo, la salud, la educación, el agua, la vivienda, la seguridad y otros servicios esenciales.
Una reforma tributaria justa es aquella que está basada en la premisa de que quien más tiene es quien debe aportar más, y por lo general son las grandes empresas las que más recursos manejan, la idea es no afectar a la población de menos recursos, es decir, no poner impuestos que afecten el consumo y el salario de la mayoría de la población, pero sí las ganancias y las propiedades de los sectores más adinerados.
El gobierno de El Salvador no tiene suficientes recursos, pues solo capta el 15% del ingreso nacional, contrario a países como Brasil, Argentina y algunos de Europa, que captan cerca del 40% del ingreso y hasta el 50%, como sucede en Suiza, Suecia, Francia y otras naciones europeas.
La deuda de las grandes empresas con el gobierno es de 513 millones de dólares y la evasión de impuestos en el año 2013 fue de mil 530 millones. El pueblo no puede evadir, pues paga impuestos cuando compra o cuando le descuentan de su salario, quienes si lo hacen son un grupo de grandes empresarios que le cobran impuestos al pueblo cuando le venden y no se lo pasan al gobierno por algunos vacíos de ley que abre las puertas a la evasión y elusión.
Para que el Estado garantice el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de la población y logre reducir las desigualdades necesita más recursos. Por esta razón, la coalición Social Watch El Salvador sugiere que el Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa promuevan y aprueben las siguientes medidas:
1. Revisar las 26 leyes que les permiten a las grandes empresas no pagar impuestos y que le cuestan al gobierno 1,200 millones por año.
2. Ponerle un impuesto a las mansiones de los millonarios.
3. Aumentar hasta 40% el impuesto a las empresas que ganan más de un millón de dólares al año.
4. Cobrar el dinero que se apropiaron funcionarios de los gobiernos de ARENA. El ex presidente Funes presentó ante la Fiscalía General de la República 152 casos de corrupción cometidos durante dichos gobiernos por miles de millones de dólares.
Al implementar estas medidas el Estado contaría con los recursos necesarios para garantizar los diferentes programas enfocados en reducción de la pobreza y mejora de la calidad de vida de la población.
