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José M. Tojeira
Desde hace muchos años venimos insistiendo en que la verdad es el primer paso de la justicia y el elemento fundamental de la misma. Para demasiada gente, el castigo es la parte fundamental de la justicia, y no la verdad. Muchos abogados no tienen reparo en mentir y falsear los hechos de sus defendidos por evitar el castigo. En otras palabras no valoran la verdad sino el castigo.
Y ciertos jueces, más que la verdad les interesa aplicar una técnica jurídica a los hechos manipulados por la fiscalía, más que empeñarse, antes de dar una sentencia, en tener la seguridad de que toman decisiones en base a la verdad. El caso de la masacre en la Universidad José Simeón Cañas nos muestra desde sus comienzos, allá en 1989, hasta la época actual, que más que la justicia se ha buscado la manipulación de los hechos para ocultar responsables, o para castigar supuestos enemigos políticos más allá de la verdad.
A quienes hemos buscado fundamentalmente la verdad nos acusaban antes de tener espíritu de venganza, para pasar ahora a decir que no tenemos interés en la justicia. De la verdad no se habla porque cada día con más frecuencia, la mentira se ha vuelto políticamente más valiosa que la verdad.
Efectivamente, el caso de la masacre en la UCA, que puede y debe todavía convertirse en un paradigma de justicia transicional, se ha convertido para algunos en una especie de juego de pasiones. Ya de por sí hay mucha gente que piensa que infligiendo dolor en el presente, arregla el pasado. Aunque se trata de un pensamiento mágico y bastante irracional, a los políticos les gusta jugar a eso.
La venganza contra los opositores, los insultos y el desprecio dan a quienes tienen poder y a quienes los admiran, la impresión de que controlan y se refuerzan en sus posiciones. Se equivocan claramente porque el pasado no se puede arreglar. Lo que le corresponde a la justicia, al igual que a la política, es pensar en el futuro, que es algo que realmente podemos prever y cambiar con respecto a un presente miserable.
De nuevo entran en juego la verdad y el diálogo, porque sobre frases, promesas, o incluso algunas acciones sin medición de resultados y corrección permanente, no se construye un futuro digno.
La justicia transicional, que debería servir para reparar la brutalidad del pasado y para construir un futuro más humano, todavía no se entiende adecuadamente, ni siquiera en lo más alto del estamento jurídico. Mucho menos en unos políticos demasiado nuevos y sin experiencia.
Inexperiencia a la que añaden una muy limitada capacidad de estudio y reflexión, como hemos podido observar en sus intervenciones sobre temas de justicia. Desde hace años necesitamos una ley especial que permita juzgar adecuada y prontamente los casos del pasado.
Ante las dificultades del pasado y del presente para redactarla, la solución que se pretende es la manipulación de algunos casos para decir que se hace justicia y mantener al mismo tiempo la impunidad de la mayoría de casos.
Lo que debía ser diálogo se traduce en menosprecio de las víctimas y en destrucción de lo que ellas mismas han hecho, en ocasiones con grandes sacrificios, como en el Mozote. No nos llevará muy lejos llenarse la boca con la masacre de jesuitas y colaboradoras mientras se entorpece el caso del Mozote y se ofende los lugares sagrados de las víctimas. Y eso aunque pensáramos que realmente quienes se llenan la boca con el caso de la UCA quisieran realmente justicia, y no venganza política.
Y mientras todo esto pasa, en vez de hacer un análisis a fondo de la Fuerza Armada durante la guerra, se traslada todo el peso de los errores del pasado al que llaman pacto de corruptos. Silenciando que muchos de los que hoy hablan de ese modo vivieron a costa de ARENA o del FMLN y fueron cómplices silenciosos de los desafueros que hoy critican.
Estos oportunistas de escasa moralidad política se dedican ahora a criticar el pasado sin planificar un futuro realmente democrático y destruyendo lo poco que había de la misma. Y al mismo tiempo sacralizan a la Fuerza Armada y le dan cada vez más peso en la vida salvadoreña. No importa que haya sido la mayor violadora de DDHH durante la guerra civil, según consta en el Informe de la comisión de la Verdad.
Tomar en serio el pasado no significa venganza, sino simplemente verdad. Y solo una ley de Justicia Transicional, con jueces realmente independientes y bien elegidos, elaborada desde el deseo de propiciar no solo la justicia, sino también la reconciliación del país, puede devolvernos la serenidad suficiente como para construir juntos un futuro que necesariamente deberá ser más justo, socialmente hablando, y mucho más amistoso y respetuoso con la dignidad de la persona y su desarrollo humano.
