Gloria Silvia Orellana @GloriaCoLatino “Vamos a esperar la resolución de la jueza Ambiental de Santa Ana, que luego de la inspección de este 5 de octubre ha pedido medidas cautelares por veinte días, en donde el alcalde (Gustavo Sierra) no podrá tocar nada en el parque, en donde pretender construir cincuenta puestos de mercados”, explicó Zulma Larín, directora de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES). La lucha social que mantiene la población y pueblos originarios de Cuisnahuat, en defensa de pozos de agua y diversidad del parque Baldomero Simo, que más que un lugar de esparcimiento es un espacio para compartir y heredar la cultura Náhuat las nuevas generaciones, a través de las ceremonias ancestrales. Las disposiciones judiciales también abarcan otras medidas para que el alcalde Gustavo Sierra restaure y subsane los daños ambientales ocasionados en la zona poniente del parque Baldomero Simo. “Nosotros valoramos la visita de la jueza, en primer lugar, como un triunfo de las comunidades organizadas de este pueblo originario de Cuisnahuat y hemos podido comprobar que ‘pueblo que lucha, triunfa’, y estos pueblos originarios de Cuisnahuat han dejado lecciones de cómo una comunidad, una población unida, puede impedir una obra inconsulta; la defensa de la integridad del medioambiente, en este caso el parque y su muestra de una alta resistencia de más de dos meses en donde hombres y mujeres, se apropiaron de esta defensa”, acotó Larín. Ni las 300 firmas en oposición al proyecto, ni el rechazo al préstamo millonario (1.8 millones de dólares), de los cuales alrededor de 500,000 serían para la construcción de cincuenta locales comerciales en el parque, fueron suficientes para un cambio en la decisión del edil de Cuisnahuat. “Le falta humildad para reconocer que se equivocó y valor para pedir ayuda y trabajar junto a la población”, dijo Rosa Galeano, integrante de la Asamblea Popular y RACDES. Para la directora de RACDES, la llegada de la jueza ambiental no fue una “cuestión sencilla o fácil”; fue la escalada de un conflicto que ha tenido el municipio de Cuisnahuat, en donde una decisión “unilateral” del jefe edilicio llevó a una población a defender, preservar, promocionar y rescatar sus bienes ambientales; lo que consideró una lección para los movimientos ambientalistas. “Que la jueza Ambiental haya llegado a verificar es un gran triunfo de las comunidades, no es casualidad; es todo un trabajo de las comunidades que denunciaron ante el tribunal la decisión del alcalde Sierra. Por tanto, la verificación para obtener mayores elementos de vistas y oídas, en el terreno fue oportuna”, dijo. “Ella tomó las declaraciones y explicaciones del jefe de la Unidad Ambiental (alcaldía) y de las comunidades, quienes presentaron la denuncia, y constató el daño ambiental. Y, lo más importante, constató que el alcalde Gustavo Sierra no escucha a la población y tampoco a ella, porque no se presentó a la inspección judicial, ni le dio valoración de la obra, esa responsabilidad la depositó en el jefe de la OACI y Unidad Ambiental, cuando era su deber responder a la jueza sobre las preguntas que hizo en el sitio en donde han destruido el parque”, sostuvo. Las comunidades -agregó Larín- hablaron con el alcalde Gustavo Sierra antes de que destruyera los árboles de bálsamo que tenían veinte años de edad y el inminente soterramiento de un pozo de agua potable, de las que se abastece la población. No obstante, la respuesta fue de rechazo; de tildarlos de militantes partidarios y de reprimirlos con las fuerzas policiales, que están en función de proteger a los y las ciudadanas. “Las disposiciones judiciales permitirán al pueblo un respiro, aunque no pueden dormirse y sabemos que el señor alcalde Sierra, que no está a favor de la denuncia de la población, tal vez se sienta tentado en acción arbitraria e incursionar en el parque con los trabajadores. Sin embargo, la jueza fue clara: si el edil irrespeta las medidas cautelares, puede ser encarcelado por violentar la orden judicial; esperemos que todo llegue sin sobresaltos, hasta el dictamen”, reafirmó. De los liderazgos relevantes, Zulma Larín reconoció también que esa fuerza, dignidad, rebeldía y resistencia del pueblo de Cuisnahuat debe contribuir a fortalecer el movimiento social, renovando la esperanza de otras comunidades en la lucha de sus bienes ambientales y que es posible detener la destrucción o la voracidad de empresas o autoridades, sean estas locales o nacionales, que atenten contra el medioambiente que da sustentabilidad a la vida humana y preserva la biodiversidad. “Es muy importante reconocer el papel de la mujer indígena en esta lucha social y ambiental, porque la decisión y determinación de tomarse el parque vino del seno de mujeres, quienes lo han custodiado y eso lo valoramos, como RACDES. Porque son las mujeres que defienden bienes ambientales todo y cuando se da la oportunidad de reconocer sus derechos y este conocimiento y empoderamiento de estos derechos humanos, ambientales, es importante para estas mujeres que están en la generación del respeto a sus libertades y esto lleva a las transformaciones sociales en su actuar diario y defender así sus bienes ambientales, agua y sus territorios”, puntualizó Larín.