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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Lo que estamos esperando es justicia ambiental y que la jueza que haga la inspección opte por el derecho a la vida y la preservación de la cultura de los pueblos indígenas”, dijo Zulma Larín, directora de RACDES.
Con la resolución del Tribunal Ambiental de Santa Ana, con fecha 23 de septiembre de 2020, luego de la denuncia interpuesta por la Asociación de Desarrollo Comunal Cuisnahuat (ADESCO), la Asociación de Desarrollo El Progreso (ADESCOELPRO), la Asamblea Popular de Cuisnahuat y ACPAMEC de R.L., en representación de la comunidad, se encuentran en resistencia ante la obra de la edificación de un mercado municipal, en el parque central.
“Esperamos que la comitiva judicial verifique todo lo que dice el Estudio de Impacto Ambiental que ha proporcionado la Unidad de Medio Ambiente del alcalde Gustavo Sierra (PCN), y la denuncia que hiciera la Asamblea Popular, y contrastar las dos informaciones sobre las cuales han sustentado la Asamblea Popular y saque conclusiones sobre el impacto ambiental”, reafirmó.
La construcción de un complejo comercial de cincuenta puestos, a un costo de 500,000 dólares, que ha ocupado el poniente del parque municipal, así como la posible pérdida de un pozo de agua y la descarga de aguas grises o negras en las quebradas cercanas, mantienen el rechazo de la población.
“Como RACDES, nosotros estamos esperando realmente que la justicia ambiental sea aplicada con objetividad y asertividad; pero también en la concreción de buscar la verdad escuchando y tomando en cuenta lo dicho por los grupos que están aglutinados en organizaciones comunitarias, ADESCOS, así como también una buena representación de la Asamblea Popular”, señaló Larín.
Asimismo, como RACDES, agregó que acompañan esta lucha de la población organizada, esperando que la jueza pueda conocer el inminente impacto ambiental y cultural que se relaciona en los derechos fundamentales como el agua, la vida y un entorno saludable.
“Esperamos que la jueza dictamine en favor del cuido de la naturaleza, el cuido de los bienes ambientales y que tenga en mente que los pueblos originarios tienen también derecho a su parque, que es su espacio en donde se pueden encontrar para celebrar la vida; es un escenario tradicional en donde se dan los encuentros como los cumpas, las cofradías; es un bien cultural, derechos que están reconocidos por el Convenio de la OIT”, explicó.
La diligencia judicial estaría integrada por algunos técnicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con un equipo multidisciplinario de medioambiente del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) y la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cuisnahuat, Sonsonate. El proyecto del alcalde Gustavo Sierra no ha contado tampoco con todo el apoyo de su Concejo Municipal, algunos han señalado que se le presentaron opciones para no tocar el espacio del parque y que edificara el mercado en otro espacio, pero reconocieron que no ha existido el “diálogo”, como deben hacer las autoridades de elección popular.
Asimismo, destaca en las denuncias las irregularidades administrativas como el incumplimiento de los tiempos que exige la Ley de Medio Ambiente, para emitir permisos de construcción, que extiende el MARN, violentando esos derechos fundamentales.
“Estamos hablando de la defensa de una calidad de vida y esto es para los pueblos originarios el parque de Cuisnahuat, queremos que reconozcan esos derechos de los pueblos originarios, hay que tomar en cuenta que El Salvador (se debe) conservar estas culturas milenarias tan importantes y que forman parte de la riqueza de este país”, reafirmó.
Sobre la visita de campo, Larín espera que la jueza y técnicos tengan una certeza de que la viabilidad que le entregaron al alcalde Sierra no cumple con todos los requerimientos de desarrollo que han planteado para edificar la obra, que significaría que la “sentencia tendrá que reconocer a quién beneficia o perjudica”, luego de realizar la inspección el próximo lunes 5 de octubre y que resuelvan las instancias de la Corte Suprema de Justicia. “Nosotras esperamos que pueda dictaminar a favor de la población y nuestra alegría, por el momento, es que han escuchado a la población y, que de esa inspección, esperaríamos que sea objetiva la resolución en función de la naturaleza, de los pueblos originarios y de un pueblo que ha mantenido una lucha constante por dos meses, con sus días y noches, para proteger su patrimonio natural y su espacio de esparcimiento”, concluyó Zulma Larín.
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