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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La población de la comunidad Santa Marta y miembros de la directiva de ADES, exigieron una vez más la libertad para sus líderes comunitarios, luego de saber que el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, Cabañas, realizará este la tarde de este martes la “Audiencia Especial de Revisión de Medidas para los Líderes Comunitarios de Santa Marta y ADES”.
La captura arbitraria de los líderes Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, ocurrió el 11 de enero del presente año. El grupo de capturados son líderes comunitarios de Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES).
Habitantes de esta comunidad rural han venido, junto a organizaciones sociales nacionales e internacionales, así como organismos de derechos humanos, señalando serias inconsistencias del sistema judicial y la Fiscalía General de la República, ante la captura por un supuesto delito cometido en la década de los años ochenta sin pruebas sustanciales, como el cadáver de la supuesta difunta.
“El Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque realizará este miércoles 23 de agosto, la audiencia especial de revisión de medidas para los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, que ordenó la Cámara Penal de Cojutepeque el pasado 30 de junio. Esta audiencia se realizará en el Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador”.
Han transcurrido siete meses desde la detención de estos líderes comunitarios, que según señalamientos de la comunidad Santa Marta, además de arbitraria, la Fiscalía General de la República faltó a la palabra que dio, en el sentido de que los capturados serían tratados fuera del régimen de excepción. Por el contrario, ni sus familias ni su abogado defensor ha tenido acceso a ellos, para conocer de sus condiciones físicas de salud y preparar su defensa, como corresponde en un debido proceso.
“Ante esto, Santa Marta y ADES reiteramos nuestra demanda de liberar a nuestros compañeros, por lo cual exigimos a la jueza del referido tribunal otorgar medidas sustitutivas a la detención debido al delicado estado de salud de los detenidos confirmado en los informes del Instituto de Medicina Legal (IML)”, señalaron.
“Y ante la ausencia de peligro de fuga, y que todos los demás casos relacionados con hechos del conflicto armado los acusados son procesos en libertad deben ser puesto en libertada también”, alegaron.
La comunidad Santa Marta y ADES reconocen que esta audiencia podría representar la posiblidad de “revertir la detención injusta y el encarcelamiento cruel” de sus líderes, por lo que apelaban cumplir el marco normativo judicial de un Estado de Derecho.
“Es una valiosa oportunidad de reivindicar a la justicia salvadoreña que está siendo mal vista en el país y en el mundo por procesar injustamente a defensores ambientalistas”, reiteraron.
“Por legalidad y humanidad, pedimos permitir que el proceso judicial continúe con nuestros compañeros en libertad y revertir la detención -que en la práctica- representa una condena anticipada. Libertad para los defensores ambientales de Santa Marta y ADES”, reafirmaron.
Recientemente, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) también rechazó la “escalada de represión y la militarización en El Salvador” , aduciendo que el gobierno del presidente Nayib Bukele está generando que el “régimen de excepción profundice la arbitrariedad en el sistema de justicia”.
La AAJ también se pronunció en contra que los 71 mil personas detenidas bajo el régimen, sean juzgadas en grupos de 900 ante tribunales de crimen organizado, bajo el argumento que todos pertenecen a las estructuras pandilleriles. Situación que rechazó la AAJ, por considerar “el gran riesgo que esta disposición condene a personas inocentes que no tienen ningún vínculo, con pandillas en juicios masivos y condenados sin evidencia.
Asimismo, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” informó que el pasado 14 de agosto se agotó el plazo otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de El Salvador, para enviar información y responder a la denuncia de la “instrumentalización de la justicia” en el caso de los defensores del medio ambiente y líderes comunitarios de ADES-Santa Marta.
