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Dennis Argueta
@DiarioCoLatino
El Juzgado décimo de paz decretó detención provisional para los tres sospechosos de atacar a los militantes del FMLN, donde murieron dos personas y hubo heridos. La jueza también negó la solicitud de la defensa de decretar reserva al caso.
Este viernes comenzó la audiencia inicial en el Juzgado Décimo de Paz, en contra de Roberto Carlos Coto y Héctor de Jesús Castaneda, acusados de asesinar a dos militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, el pasado domingo 31 de enero, a quienes se les imputa el delito de homicidio agravado y homicidio agravado tentado.
El tercer imputado, de nombre Diego Francisco Alvarado, también empleado del MINSAL, se encuentra herido de gravedad en un hospital, por lo que estuvo ausente en la audiencia.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo 31 de enero, y dejaron como saldo de fallecidos a Juan de Dios Tejada, de 70 años y Gloria Raquel de López de 61 años y el intento de homicidio en perjuicio de Roberto Hernández Pérez y Aquiles Ayala. Castaneda labora como motorista del Ministerio de Salud; Coto es un agente de seguridad privada asignado al mismo ministerio y Alvarado es un agente de la División de Personalidades Importantes (PPI) que se desempeña como jefe de seguridad de dicho ministerio.
“La representación fiscal solicitó instrucción formal con detención provisional en contra de los tres imputados, a quienes se les están atribuyendo los ilícitos penales de homicidios agravados en perjuicio de dos personas, y homicidio agravado en grado de tentativa
en perjuicio de otras dos personas”, detalló la fiscal del caso.
Además, de acuerdo con Fiscalía, existen pruebas más allá de los videos, tanto prueba pericial, documental y testimonial en la cual se relaciona la participación delincuencial de los tres imputados, y
también prueba toxicológica, pero que los resultados se tendrán en los próximos días; esto por la razón de que en el vehículo de los atacantes se encontraron restos de heroína.
La Fiscalía también realizó pruebas balísticas y dichas pruebas coinciden con el arma de equipo de Diego Francisco Alvarado, uno de los imputados en el crimen. Por otro lado, los casquillos concuerdan con los que fueron encontrados en la escena del delito, y es concordante con los proyectiles recolectados de los cadáveres, siendo estos de calibre 9mm.
Por otra parte, los abogados defensores de los PPI del MINSAL solicitaron una reserva total del caso, pero les fue negada.
Esta petición según ellos era para que no se siga politizando ni manipulando el caso, por los medios ni por los partidos políticos, para llegar a la realidad jurídica y no estar especulando qué pasó y de qué no pasó, porque hay muchas cosas que no constan en el expediente; sin embargo, la Fiscalía dice que pasaron, dijo uno de los abogados defensores, Edgar Ernesto Rivas. La defensa pedía la libertad de los imputados y para criterio de la defensa, no hay pruebas suficientes que incriminen a los acusados.
