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Redacción Nacionales
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El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador celebró la audiencia preliminar en el caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradores de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Este proceso judicial señala a 11 personas presuntamente implicadas en la masacre de los seis jesuitas y dos colaboradoras el 16 de noviembre de 1989. El expresidente de la República Alfredo Félix Cristiani Burkard, así como Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores e Inocente Orlando Montano Morales, son acusados de los delitos de asesinato, actos de terrorismo y proposición y conspiración para actos de terrorismo. Por su parte, el exdiputado y exjurídico del Ministerio de Defensa, Rodolfo Antonio Parker Soto, junto con Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, enfrentan cargos por los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal.
Las víctimas de la masacre fueron los padres españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la universidad Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.
Fue la noche del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera que inició el 11 de noviembre, una unidad del Batallón Atlacatl, fuertemente armada irrumpió en las instalaciones de la UCA para asesinar a los líderes religiosos. Esto sucede durante la más grande ofisiva militar de la guerrilla, como parte de la guerra civil salvadoreña que inició en 1980 y finalizó con los Acuerdos de Paz en 1992.
La reapertura de este caso se dio luego de que, en 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993.
Por el atroz crimen, únicamente está condenado el coronel Guillermo Benavides, él cumple condena en El Salvador. Mientras que, en España, el exviceministro de Seguridad Pública, Inocente Montano, fue condenado en 2020 a 133 años de prisión.
La Fiscalía General de la República señaló que cuentan con “abundantes” evidencias para que los imputados sean enviados a juicio por los delitos antes expuestos.
Se conoció también, que el juzgado se negó a archivar el proceso penal por tratarse de crímenes de lesa humanidad.
Los abogados defensores de Alfredo Cristiani y Juan Orlando Zepeda y Joaquín Cerna solicitaron al juez que se declaren “en rebeldía” bajo el Código Procesal Penal de 1998. Con ello, se obligaría a archivas las actuaciones en contra de los procesados y cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado. El juez rechazó la petición.
Carlos Miranda, abogado del ex diputado Rodolfo Parker, dijo este jueves que se ha ratificado su dictamen acusatorio manteniendo la imputación de cada uno de los procesados. También, dijo que se ha solicitado la detención provisional para aquellas personas que no se han apersonado a la audiencia.
“Se ha ratificado que todos los delitos por los cuales son perseguidos, los procesados son de lesa humanidad, por considerar que fueron en el contexto de un crimen de guerra y, sobre todo, contra personas civiles que no estaban vinculadas con ningún elemento subversivo en su oportunidad en ese contexto de guerra”, comentó Miranda a los medios de comunicación.
También, informó que se ha ratificado todo el ofertamiento probatorio y han citado jurisprudencia y una línea de investigación relacionada al cargo que cada uno de los imputados tenía en aquel momento, “sobre todo, las decisiones y que por haber sido parte de un Estado Mayor de la Fuerza Armada tienen corresponsabilidad y son autores mediatos de los asesinatos”.
Se tiene previsto que el desarrollo de la audiencia preliminar se lleve a cabo esta semana y si es necesario, se tomaría el lunes 18 de noviembre.
