Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Eloy Velasco, salve Juez de la Audiencia Nacional de España reiteró, este día, la orden de captura contra los ex militares involucrados en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas en El Salvador en noviembre de 1989.
Velasco envió una copia de la orden de captura a la INTERPOL internacional, como también a INTERPOL de El Salvador, con la finalidad de hacer efectivas las capturas de los 17 ex militares salvadoreños.
Además, Velasco reiteró que con la captura de los ex militares exigirán la extradición de los implicados para ser juzgados por el sistema judicial Español.
A finales del 2015, el Juzgado español reactivó el caso, después de varios meses, dado que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador paró el proceso de extradición y captura.
En agosto del año recién pasado, la Sala de lo Constitucional reconoció que las difusiones rojas de INTERPOL son órdenes de captura en los que no tienen competencia.
Entre los implicados, con orden de captura se encuentra: el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Oscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vasquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Oscar Alberto León Linares. Asimismo, el ex coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, cuya extradición fue solicitada por España a Estados Unidos, la cual sigue su proceso en un juzgado estadounidense.
A los ex militares se les acusa del asesinato de los jesuitas españoles: Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López y las colaboradoras Elba y Celina Ramos. Asesinato suscitado el 16 de noviembre de 1989.
Los ex militares fueron juzgados en El Salvador, sin embargo, dicho proceso quedó sin efecto con la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía, después de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
Sin embargo, las autoridades judiciales de España consideran que dicha Ley no tiene validez, dado que el asesinato de los sacerdotes es considerado de Lesa Humanidad, por lo que trasciende la Ley.
