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Beatriz Castillo
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Desde hoy, troche sale el ex presidente de la República Francisco Flores se encuentra prófugo de la justicia salvadoreña, luego que el Juzgado Primero de Paz de San Salvador emitiera orden de captura en su contra por delitos de corrupción.
El Juzgado libró, cerca de las ocho de la mañana de hoy, las órdenes para que la Policía Nacional Civil (PNC) e Interpol puedan hacerla efectiva tal decisión, luego que el ex presidente no se presentara a la audiencia inicial ventilada ayer por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares.
Según información del Centro Judicial, ahora corresponde a la PNC notificar de oficio a la Interpol para internacionalizar la orden de captura contra el ex mandatario acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencias a particulares.
El subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó que ya recibieron la notificación y que en este momento se están “haciendo las gestiones pertinentes, incluso, la gestión a nivel de cooperación internacional”.
El jefe policial reveló que la gestión a nivel internacional incluye, a la Secretaría General de la Interpol “en todo el mundo”.
Incluso, ayer Interpol reveló que tiene información de la ubicación del ex mandatario y que ya adelantaron la investigación. Se sospecha que Flores se encuentra evadiendo la justicia en Panamá y que salió del país vía marítima o en vuelo aéreo privado.
Ayer, la jueza del Tribunal Primero de Paz de San Salvador no solo ordenó la detención provisional para el ex presidente, sino también el embargo de sus bienes, anteriormente congelados, confirmó el abogado defensor de Flores, Edgar Morales Joya, tras culminar la Audiencia Inicial instalada ayer.
Flores fue acusado de delitos de corrupción, luego que se emitiera un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Según el ROS, el ex mandatario recibió, durante los últimos meses de su gestión, de forma directa e irregular, cheques por unos 10 millones de dólares, en calidad de donación por la República de China Taiwán.
Es de destacar que el encargado de hacer la denuncia pública fue el Presidente de la República, Mauricio Funes, quien recientemente
manifestó que de no haber hecho pública la existencia del reporte que contiene la información sobre los movimientos bancarios sospechosos realizados por el ex presidente Flores, el caso de los millonarios fondos enviados por Taiwán nunca hubiese llegado a ser judicializado.
Luego de las investigaciones la Fiscalía determinó que acusaría al ex funcionario por el enriquecimiento de 15 millones de dólares en su gestión.
Morales Joya, en el desarrollo de la audiencia inicial, que duro más de siete horas, dudo de la veracidad de la acusación, ya que la fiscalía no había presentado en las piezas del expediente cheques, documentos de la Corte de Cuentas (CCR), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otra pruebas para sustentarla.
El abogado defensor aseguró que el caso se presentó ante los Juzgados por la presión de la prescripción del delito de peculado y por la presión social y política que representa el caso Flores-Taiwán.
El abogado confirmó, incluso, que los bienes que posee el ex mandatario no superan el monto del requerimiento, es decir, de los 15 millones de dólares. Ayer, la jueza ordenó embargar al ex gobernante cuentas bancarias, viviendas, vehículos y otros bienes.
El caso, se sabía, pasaría a la fase de instrucción, y se tendrá que esperar a que se fije día y hora para la misma.
Por su parte, los fiscales del caso prefirieron no dar declaraciones del proceso y mantenerse en la postura, que será el fiscal general o prensa de esa institución la que canalizará la información.
Organizaciones se presentan como querellantes
En tanto, previo a conocer el fallo de la jueza, representantes de organizaciones sociales como la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD) se presentaron a los tribunales para solicitar ser parte del proceso judicial como abogados querellantes.
“Estamos vigilantes. Mostrarnos querellantes implica incluirnos activamente en el proceso judicial que al que se le está dando inicio
para tener información y hacer requerimientos que consideremos pertinente para garantizar que el proceso judicial se cumpla hasta
llegar a la última consecuencia que es la declaratoria o sanción final o penal y la responsabilidad civil con la que debe cumplir el ex
presidente Flores”, manifestó el director ejecutivo del ISD, Ramón Villalta. Asimismo, el representante de FESPAD, Juan Carlos Sánchez, agregó que “el recurso como
querellante es una herramienta que el sistema judicial del país ofrece y “esto ayuda a que las organizaciones sociales puedan participar de una forma activa en este tipo de casos.
“Las organizaciones sociales hemos decidido participar activamente en el proceso porque queremos erradicar la corrupción en todas sus formas y por eso, esa posibilidad que el sistema jurídico nos brinda la vamos a utilizar”, indicó Sánchez.
