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@JoakinSalazar
Como parte del cumplimiento de la orden de Corte Suprema de Justicia (CSJ), buy viagra el Juzgado Primero de Paz de San Salvador notificó a los militares capturados, vinculados con el asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, que un tribunal español ha solicitado su extradición.
El Coronel Guillermo Alfredo Benavides, Sargento Ramiro Avalos Vargas y el Cabo Ángel Pérez Vásquez asistieron al Juzgado, el que les informó que el Gobierno de España ha solicitado su extradición, para enfrentar una demanda ante la Audiencia Nacional Española.
Uno a uno, los militares fueron ingresando a la Sala de Audiencia del Juzgado, donde se les notificaba y a su vez se les permitía declarar si estos así lo requerían.
En Sargento Tomás Zárpate Castillo no asistió a la Audiencia Especial Informativa, dado que se encuentra hospitalizado en un Centro Asistencial, sin embargo, el Juzgado informó que, esta tarde, será notificado en el Hospital Nacional Rosales.
La Fiscalía General de la República (FGR) se presentó como vigilante del proceso a través de la Unidad de Asuntos Internacionales.
De acuerdo a fuentes judiciales, desde hoy, las partes tendrán tres días hábiles para presentar sus alegatos, después de ello, El Juzgado Primero de Paz enviará dicha información a Corte en Pleno que tomará la decisión de su extradición o libertad.
Lisandro Quintanilla, abogado defensor de los militares, explicó que presentarán argumentos con la finalidad de garantizar que los militares no sean extraditados a España.
Entre sus argumentos, el abogado sostiene que el asesinato de los Jesuitas fue “un simple homicidio” y que no amerita ser considerado de Lesa Humanidad; además, que este caso ya fue juzgado en El Salvador, sin embargo, aquel juicio ha sido cuestionado por irregularidades cometidas.
Los cuatro militares fueron capturados a inicios de febrero, por parte de la Policía Nacinal Civil (PNC), como resultado de la difusión roja emitida por INTERPOL. Los detenidos forman parte del temido Batallón Atlacatl, entrenado y financiado por los Estados Unidos a principios de la década de los 80.
En total son imputados 17 militares. El resto siguen prófugos de la justicia.
Los 17 militares son requeridos por la Audiencia Nacional de España, que desde el año 2010 reabrió el caso y ordenó la captura de los asesinos de los sacerdotes Jesuitas, a solicitud de los familiares que residen en el país Vasco.
En 2011, los militares evadieron la detención al refugiarse en un cuartel militar de San Salvador, mientras obtenían una resolución de la Corte Suprema de Justicia, amparados en la Ley de Amnistía, y no procedió a la extradición.
Los 17 militares requeridos por el juez Velasco son Inocente Orlando Montano, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos y Óscar Mauricio Amaya Grimaldi.
También son requeridos por el juez español Antonio Ramiro Ávalos García, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zárpate Castillo, José Alberto Sierra Ascencio, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Óscar Alberto León Linares.
Desde diciembre pasado, el Juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, reactivó la orden de captura de los 17 señalados, sin embargo, dicha captura no se hizo efectiva, debido a contradicciones entre la Corte Suprema de Justicia en Pleno y la Sala de lo Constitucional.
El coronel Inocente Montano sigue a la espera de que las autoridades de Estados Unidos lo envíen a España para enfrentar el juicio por el homicidio de los Jesuitas, tras una resolución de un Tribunal de aquella nación que aceptó la extradición.
